La Ley, tal y como está en este momento, estimula el enriquecimiento ilícito, porque era material viable para pagar comisiones, comprar juntas licitadoras y se llegó al extremo de que los proveedores escogían quiénes serían las juntas licitadoras.

También hay tráfico de influencias. En este momento se permite que los proveedores ofrezcan viajes, bonos, regalos, como carros u otros menesteres a las juntas licitadoras, con el fin de congraciarse con las mismas y poder afianzarse los contratos. Muchas veces los mismos directores de unidades ejecutoras han sido objeto de esta situación.

Con esto se lograba que, por ejemplo, en los hospitales se pidieran medicamentos que ni se necesitaban, pero por un soborno o coima se adquirían, y el producto terminaba en las bodegas, porque no eran necesarios y se compraban por encima de los que sí se requerían.

La Ley permite un sistema totalmente patrimonial, en donde el presidente y las autoridades hacen uso de los recursos  como si fuera su finca.

¿Qué es lo más común?

El fraccionamiento. Para poder disimular y evitar los procesos engorrosos de las licitaciones y cotizaciones, e incluso manipular a las juntas. Entonces, escojo una sola empresa y voy comprando por pushitos  y luego que me pasen la multa, total no es muy alta y se saca más en   comisiones; así piensan muchos.

¿Y lo más grave?

Los contratos telaraña. Se amplían contratos sin pasar por la Ley, unos empezaron en 1980, y sigue siendo el mismo contrato sin ni siquiera haber hecho una sola licitación.

Muchos ministros, en especial en Comunicaciones, cuando les hacía falta un tramo de construcción, pactaban con los proveedores para ampliar el contrato, y luego otro más. La mayoría de estos contratos son por excepción y se han realizado bajo el amparo del Fideicomiso de Covial —Unidad Ejecutora de Conservación Vial—, el cual tiene más de Q1 mil 500 millones.

El contrato telaraña existe más en construcción, pero no necesariamente se limita a Covial, se da en todos los ministerios.

¿Qué cambios plantea la ley que se quedó estancada en su aprobación en el Congreso?

En el contrato abierto, por ejemplo, el INE (Instituto Nacional de Estadística) debe dar precios de referencia y si el precio es menor en el mercado, el contrato se tiene que disolver de inmediato y tampoco se permite que el contrato se vaya ampliando, porque también se usaron mecanismos de aplazamiento, y muchos de estos están vigentes desde hace 15 años.

Ahora se prohíbe extender los contratos. Cuando se haga por primera vez puede tener una duración de dos años  y la prórroga solo podrá hacerse por un año más. En el caso de las entidades de salud, podrán comprar por separado, para que no estén amarradas a que una entidad termine.

A la par le ponemos competencia, pues se abre las compras con el Sistema de Naciones Unidas, que vende a precios más baratos y de calidad. Guatemala es el único país que no tiene esa modalidad, ni Álvaro Colom quiso hacerlo. El país compra más caro que cualquiera de Centroamérica.

¿Se plantea una nueva modalidad?

La novedad es la subasta inversa. Es para precios estándar de tipo general en donde se entra a una subasta que persigue precios más bajos.

Han surgido temores sobre artículos específicos como una prótesis con ciertas características, pero la subasta inversa es para precios estándar como los analgésicos, por ejemplo. Aspectos especializados siempre van a requerir tratamiento especializado. Sí se puede hacer, pero no tiene que afectar la calidad.

¿Por qué hay oposición?

A lo interno del Congreso ha habido rechazo en algunos temas como las prohibiciones. Allí se establece que no pueden ser contratistas del Estado los funcionarios, dignatarios de la nación y los empleados públicos. Tampoco pueden sus cónyuges, ni los parientes dentro de los grados de la ley.

El impedimento permanece mientras están en el cargo. Un día después de que lo dejan, pueden ser de nuevo contratistas.

Esa no es una prohibición que nos hayamos inventado nosotros, está en convenciones internacionales a las que el país ya se ha comprometido, una de ellas es la de las Naciones Unidas contra la corrupción.

Los proveedores se oponen porque no están acostumbrados a competir en igualdad de condiciones.

El problema en sí es que ni los contratistas  ni los funcionarios quieren controles ni transparencia, porque el negocio en el Estado precisamente se ha focalizado en las compras y contrataciones.