EDITORIAL

Acto de justicia por abuso contra civiles

Guatemala cierra otro doloroso capítulo de su convulsionada historia reciente, con la condena contra cuatro militares de alto rango, sentenciados ayer a penas que van desde los 33 a los 58 años de prisión inconmutables, por la desaparición forzada del menor Marco Antonio Molina Theissen y la violación agravada de su hermana Emma Guadalupe.

Los delitos por los cuales fueron sentenciados los generales Benedicto Lucas García y Manuel Callejas y Callejas, el coronel Francisco Gordillo y uno de los oficiales de más alto rango de la inteligencia militar, Ramiro Zaldaña, se inscriben en una oscura y larga época marcada por el generalizado abuso y excesos en los que incurrieron los dos bandos en conflicto, aunque los casos de mayor gravedad documentados recaen en integrantes del Ejército, porque actuaban en nombre del Estado, lo cual profundizó el irrespeto a los derechos humanos.

La trascendencia del caso hizo que incluso demorara más de 12 horas dar a conocer el fallo, unánime, y fue hasta ayer, pasadas las cuatro de la mañana, cuando el presidente del Tribunal de Mayor Riesgo C, Pablo Xitumul, comunicara su resolución, advirtiendo de que se le daba cumplimiento a convenios nacionales e internacionales sobre la responsabilidad y las obligaciones del Estado y de los servidores públicos de actuar con estricto apego al respeto de los derechos humanos.

El caso es tan delicado que no solo la resolución de los juzgadores tuvo un atraso significativo, sino debieron transcurrir más de 36 años para que la familia Molina Theissen recibiera justicia, aunque todavía le acompañará la congoja de no saber dónde se encuentran los restos del joven, desaparecido en 1981.

Para el sistema de justicia es un buen paso, porque son hechos de enorme trascendencia, perpetrados en una de las épocas de mayor confrontación interna, y aunque no todos los sectores quedarán satisfechos, es un avance en el combate de la impunidad, y más cuando se trata de integrantes de una de las instituciones más importantes del Estado, como es el Ejército, algunos de cuyos integrantes jugaron entonces y juegan hoy, aunque por razones distintas, un vergonzoso papel en detrimento de la entidad.

Este fallo también debe ser visto como un avance en la independencia judicial, porque la trascendencia de condenas de esta naturaleza acrecientan la percepción de que el brazo de la justicia puede llegar a los más altos niveles del poder, sobre todo cuando se trata de delitos que no fenecen, como los de lesa humanidad.

Los militares hoy condenados son parte de una generación formada en circunstancias muy complejas. El adiestramiento contrainsurgente que recibieron algunos de ellos, principalmente de Estados Unidos y algunos países de Europa, ocurrió en medio de una confrontación mucho mayor entre las grandes potencias, lo cual aportó un ingrediente determinante en el generalizado cuadro de abusos que se dieron en varios países de Latinoamérica.

A criterio del Tribunal, los militares “se extralimitaron” en la doctrina de la lucha contrainsurgente y por eso es que la sentencia debe ser vista como un poderoso mensaje para que no se repitan abusos injustificables en el nombre del Estado.