EDITORIAL

Acto de malicia contra la Prensa

La justicia en Guatemala sigue dando de qué hablar con fallos y decisiones antojadizas de jueces que atentan contra derechos fundamentales, con lo que amenazan la libertad de expresión, consagrada en la Constitución de la República. Esto se deduce de una reciente resolución emitida por la jueza Silvia Coralia Morales Asencio, quien le dio trámite a una denuncia presentada por la exsecretaria de la Comisión por la Transparencia Verónica Taracena en contra de Siglo 21.

La resolución de la juzgadora es lamentable, pues la Ley de Emisión del Pensamiento es clara en estipular que no constituyen delito las críticas o denuncias que se hagan contra funcionarios, por lo que, de nuevo, se pone en entredicho el sistema de justicia, que ha venido arrastrando un pesado lastre, debido precisamente a resoluciones como esta, que son a todas luces violatorias de principios constitucionales y que solo buscan coartar la libertad de expresión.

Con su actitud, la jueza Morales le propina un innecesario golpe al Organismo Judicial, porque su acción es improcedente y, por lo tanto, está condenada a fracasar, además de que acarreará más cuestionamientos a esa institución, sobre todo cuando las sindicaciones están dirigidas a miembros del régimen que ha sido uno de los más señalados de corrupción y de los que más funcionarios ha perdido en el ejercicio del poder, debido precisamente a sus posibles vínculos con redes mafiosas incrustadas en el Estado.

Pero más importante aún es la salvaguarda de un derecho que atañe a todos los guatemaltecos, y es poder expresar libremente sus opiniones o críticas hacia funcionarios que, además, incurren en exagerados e indebidos gastos y que en todo caso son quienes deberían ser investigados por los entes respectivos, ante las denuncias de la ciudadanía o de los medios de comunicación, pero nunca al revés y pretender enjuiciar penalmente a periodistas, cuyo ejercicio profesional está plenamente garantizado en el texto constitucional.

Cabe recordar que la jueza Silvia Coralia Morales Asencio enfrenta previas acusaciones por sus dudosas actuaciones, y precisamente la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala la incluyó en su informe Jueces de la impunidad, en el que se detallan resoluciones cuestionables de otros 17 juzgadores, y en el caso de ella, es señalada de haber excluido a esa instancia en un proceso contra funcionarios del Registro Nacional de las Personas, quienes pudieron haber incurrido en irregularidades en la firma de un contrato para extender documentos de identidad.

Esto implica que Morales Asencio está incluida en una lista de jueces señalados de favorecer la impunidad, y esta nueva acción contra periodistas de un medio de comunicación no hace más que agravar la percepción sobre su mal proceder, pues además denota un desconocimiento de las leyes respectivas o un malicioso acto para beneficiar a una exfuncionaria que fue destituida de su cargo luego de la renuncia de Roxana Baldetti.

Con su actitud, la jueza no hace más que acrecentar las sospechas sobre su idoneidad para ocupar ese cargo.

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