que permitieron discursivamente sentar las bases para la negociación de acciones compartidas a problemáticas comunes y estructurales, que orientan el desarrollo integral hacia una sociedad más simétrica, justa, incluyente y respetuosa de los derechos humanos.

Dentro de los antecedentes de los Acuerdos de Paz es insoslayable mencionar que el Acuerdos de Esquipulas II, de 1987, es un referente sociopolítico que traza la ruta pacífica en el Istmo y genera las condiciones de un diálogo político con menor comandantismo dogmático de ambas trincheras, ya que el cabildeo de los Acuerdos de Paz duraría 14 años entre el Gobierno y la URNG, suscribiéndose algunos en México, Noruega, Suecia y España.

Si pudiésemos estratificar la importancia de los Acuerdos de Paz, diríamos que los de mayor envergadura estratégica son el Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria —desarrollo productivo sostenible y reforma fiscal integral—, Acuerdo sobre Reformas Constitucionales y Régimen Electoral —modernización del aparato público y legislación igualitaria— y Acuerdo sobre Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática —participación ciudadana y cultura de paz—, complementan esta triada no por ello, menos importantes el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas —interculturalidad, equidad étnica y de género— y Acuerdo Global sobre Derechos Humanos —vida digna y plena—.

El aspecto elemental de este balance de cumplimiento se interpreta desde una relación de causa-efecto, reconociendo que los gérmenes de la guerra civil fueron: monopolio en el uso y posesión de la tierra, exclusión social, violencia generalizada, Estado disfuncional, militarización, racismo y discriminación, los cuales siguen vigentes en buena medida, provocando una serie de efectos perniciosos para la gobernabilidad.

Verbigracia, el país actualmente tiene un carga tributaria del 10.4 respecto del PIB (Sieca, 2011), la disfuncionalidad del Estado de derecho es manifiesta, 98.5% de impunidad (Cicig, 2010), 53.71% de pobreza general (Encovi, 2011), índices de violencia y criminalidad con 34.7 homicidios por cada cien mil habitantes (Cabi, 2011), prácticas racistas en la economía representan un déficit del 3.3% del PIB (Codisra, 2011).

No obstante, los Acuerdos de Paz continúan siendo la brújula axiológica y marco de la concienciación democrática, donde es vital contar un Estado agresivo que priorice el gasto público en inversión social haga cumplir la ley y la persona sea el epicentro del progreso económico, social, cultural, político y ambiental.