Que el país está experimentando cambios significativos —no con la velocidad y profundidad deseadas— es algo innegable que se muestra a diario de diferentes formas. Llama la atención la interpretación mediática de ciertos hechos ocurridos la pasada semana, como la extorsión a Telefónica/Movistar —y el asesinato de cuatro de sus colaboradores—, los sucesos de San Mateo Ixtatán —hidroeléctrica— o la postura sobre la dificultad de operar de la minera San Rafael, a pesar de contar con mandato judicial que lo autoriza.

La indignación y el rechazo que actualmente se genera contra quienes promueven, participan o sustentan esas delictivas actuaciones, contrasta con la opinión que no hace mucho tiempo se tenía de casi todas ellas. Recuerdo que algunas personas y organizaciones defendían “el derecho de las comunidades” a oponerse a la minería o a las hidroeléctricas, cuando ahora se evidencia que aquello que era presentado como “lucha social”, respondía realmente a actuaciones de delincuentes armados que se autodenominaban líderes locales aun sin tener representación alguna o ni siquiera vivir en la zona, como ocurrió con uno de ellos posteriormente en busca y captura.

En el pasado reciente hubo quema y destrucción de maquinaria propiedad de empresas extractivas o que construían/operaban hidroeléctricas, amén de asesinatos, agresiones y ataques armados contra personas que allí trabajaban o simpatizaban con esos proyectos. También manifestaciones públicas —incluso de ciertas iglesias— a favor del “derecho a decidir de las comunidades”. Curiosa, pero afortunadamente muchos de los que antes justificaban o promovían esos discursos, hablan ahora de criminalidad organizada, agresión, extorsión, ataques armados y delitos que impiden el desarrollo. ¡Tarde, pero se dieron cuenta!

Aquellas acciones que desde el inicio algunos condenamos como delictivas eran presentadas por ciertos medios como “criminalización de la protesta social”, una suerte de subterfugio semántico-cuentista que camufla violencia, autoritarismo, desprecio por la libertad y condena del empresariado. Algunos de aquellos protagonistas que lideraron huestes armadas fueron detenidos y enjuiciados —Rigoberto Juárez, por ejemplo— y ahora, curiosamente, son nuevamente identificados por verdaderos líderes de comunidades como quienes siguen encabezan grupos agresivos armados que actúan al margen de la ley o provocan daños irreparables en bienes e infraestructura.

Aquí no hay criminalización alguna, aunque sí señalamiento de crímenes diversos. El manipulador cuento discursivo carece de credibilidad, otro de esos avances que está experimentando el país. Quienes luchan contra la corrupción, el crimen organizado y el narcotráfico condenan a los que operan con violencia en beneficio de espurios intereses propios. El verdadero liderazgo social —que lo hay— no solo rechaza esas prácticas, sino que admite la libre empresa como el mejor vector de desarrollo local. Claro está, con participación comunitaria e incidencia en toda la zona; reclamo legítimo.

¿Cuántas grandes y medianas empresas —o tiendas de barrio— pagan extorsiones y difieren los costos a los productos? ¿Qué imagen de país se transmite cuando delincuentes armados disparan contra ciudadanos desarmados, instalaciones mineras o hidroeléctricas? ¿Por qué no se ha aplicado la ley por parte de los sucesivos gobiernos que han tolerado estas situaciones? ¿Hasta cuándo se va a “permitir” la extorsión, el crimen contra ciertas empresas y la agresión a trabajadores de las mismas? Esas y otras cuestiones quedan por resolver. Ahora que ya tomaron conciencia algunos, es momento de emprender acciones contundentes contra esos desalmados.

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