Un rezago que afrontan quienes aspiran a las más altas magistraturas es su conocimiento superficial o negligente de los compromisos que se asumen desde esas posiciones, o por lo menos lo disfrazan muy bien. Hay que reconocer que esta no es una carencia exclusiva de quienes están en la actual contienda electoral, sino que ha sido el denominador común de cuanto candidato ha buscado alcanzar altos puestos dentro del Estado.

Ese pretendido desconocimiento lo alienta la búsqueda de votos, pero cuando este objetivo se consigue, las posturas se flexibilizan porque rápidamente surgen las presiones de diferentes sectores y es cuando el poder empieza a corromper a los funcionarios, pues les resulta más fácil ser dadivosos. Por eso es que al final se prolongan los privilegios que solo benefician a unos cuantos, pero a un costo muy elevado, pues la carga recae sobre los contribuyentes, como ocurre con los pactos colectivos en instituciones públicas.

A eso se reducen los compromisos contraídos entre una burocracia perversa y una seudodirigencia del sindicalismo estatal, que logra esos beneficios insostenibles a cambio de mantener un apoyo vergonzoso a los gobernantes de turno. Hay que reconocer que muchos empleados públicos necesitan mejoras salariales, acordes con los vaivenes de la macroeconomía, pero todo debe hacerse responsablemente, en concordancia con un balance de ingresos que permita cumplir con esos compromisos sin incurrir en ilegalidades.

Pero cuando no se comprende eso y las negociaciones resultan improcedentes es cuando se debe pedir un mínimo de mesura, que es lo que no ha existido en los pactos colectivos signados por mandatarios para beneficiar a la politizada dirigencia del Magisterio, Salud y de muchas otras instituciones, que lo único que han provocado es que se tengan que revisar esos acuerdos. El pasado jueves, precisamente, lo anunciaba la Procuraduría General de la Nación, respecto de la necesidad de establecer cuáles de estos pactos son lesivos para el Estado y si consecuentemente se deben tomar las medidas pertinentes.

Por eso es que se advierte de esta situación a quienes aspiran a dirigir los destinos del país, porque deberían tener un fundamentado conocimiento de esta realidad que se vuelve insostenible y porque de no hacerlo solo estarán contribuyendo de manera irresponsable a agudizar la crisis financiera por la que atraviesa el país. Pero mayor es la insistencia cuando por parte de los contendientes solo se percibe una tibia postura, como si esperaran que pasen al olvido, lo cual no ocurrirá, porque los ingresos fiscales permanentemente recordarán su inviabilidad.

Cabe recordar que en las recientes manifestaciones de repudio a la corrupción también se produjeron otras protestas que fueron orquestadas precisamente por quienes hasta ese momento contaban con el apoyo del patriotismo. Ahora también se sabe que muchos de esos acuerdos podrían haberse aprobado de manera anómala, pues nunca podría habérseles asignado una partida presupuestaria cuando los ingresos al fisco tampoco permitirían otorgar semejantes privilegios.