El Gobierno no parece haber dimensionado las repercusiones que se derivarán de la propuesta de reforma fiscal, que básicamente se reduce a la pretensión de elevar las tasas de por lo menos tres tributos existentes y modificar otros cobros adicionales que siguen siendo un misterio.

El mandatario dio un poco más de detalles y anunció, junto al ministro de Finanzas, Julio Héctor Estrada, que se busca aumentar el impuesto a los combustibles, con Q3 adicionales a la tasa actual, lo cual se traducirá en una carga impositiva de Q7.70 por cada galón de gasolinas y que incrementará en Q4.70 el impuesto al galón de diésel.

Esta medida no parece haber sido meditada lo suficiente, por las implicaciones económicas que tal incremento tendrá en la población, si se toma en cuenta que el uso de los combustibles afecta a todos los guatemaltecos y más a quienes se movilizan en el transporte público, que seguramente en un corto plazo podría enfrentar un alza en el valor del pasaje.

Si el Congreso aprueba esta iniciativa, el Gobierno podría percibir por ese incremento unos Q2 mil 776 millones, cifra que el Ejecutivo aspira a elevar hasta los Q5 mil 569 millones, si también los diputados se deciden a aprobar una readecuación del impuesto sobre la renta, de lo que se espera recaudar Q2 mil 700 millones. El resto se completaría con los ajustes que se harían al impuesto al cemento y otro que aumentaría el de la actividad minera.

En el caso del cemento, la estructura gubernamental no parece haber tomado nota de la corrección que hizo el año anterior la Corte de Constitucionalidad, al rechazar una propuesta similar que pretendió implementar la administración de Otto Pérez Molina.

Hoy la apuesta parece ser más ambiciosa, pues se propone elevar el impuesto al cemento de Q1.50, que tiene actualmente, a Q5, lo que a todas luces constituye un despropósito, porque inevitablemente ese incremento tendrá una profunda repercusión en el mercado de la construcción y elevará sensiblemente el costo de la obra pública.

El ajuste en los impuestos citados permite deducir lo mal asesorado que sin duda estuvo el Ejecutivo para intentar llevar adelante la no anunciada reforma tributaria, y por eso mismo es lógico que inicie un incierto recorrido hacia el Organismo Legislativo.

Es fácil deducir que han sido antojadizos los incrementos, pero sobre todo porque están dirigidos a sectores sumamente sensibles del aparato productivo nacional, en lugar de plantear un proyecto integral que de una vez apuntara a restructurar la recaudación tributaria, como ha sido la propuesta de diversos conglomerados.

Ese tipo de propuestas, tan poco estructuradas, no pueden ser apoyadas y mucho menos augurarles alguna posibilidad de éxito.

Dos caminos se abren ahora, el primero es que el Congreso, a través de la presión social y sectorial, rechace ese proyecto que no le pertenece, y el segundo es que si lo aprueba se someta al escrutinio público para que también justifique las razones de ese respaldo.