En 2015, la CICIG publicó un informe titulado “Financiamiento de la política en Guatemala” en el que presenta un gráfico que atribuye a élites empresariales, asociaciones empresariales y financistas individuales un 25% del financiamiento para las campañas, un 50% a constructores de obra pública, proveedores del Estado y otros financistas y un 25% al crimen organizado. Si valida lo anterior y “reparte” los porcentajes entre los epígrafes citados, observará que el 25% del tercer apartado —el crimen organizado— es el mayor de todos, y si desde aquel entonces se ha enjuiciado a personas que aportaron dinero de origen lícito y se ha desarticulado, en parte, el club de extorsionadores políticos que cobraban por adjudicar obras públicas, conceder proyectos o contratar plazas fantasmas, resulta que para el proceso electoral del año próximo únicamente queda, como origen de financiamiento —sin persecución por ahora—, el crimen organizado. Considere que constituirá el mayor porcentaje relativo y comprenderá la gravedad del riesgo que se avecina.

El financiamiento electoral por el crimen organizado —narcotráfico incluido— se ha producido, en mayor medida —como explica el informe— en municipios y departamentos. De esa cuenta, el escenario más probable para los comicios del 2019 es que dinero procedente de esa clase de delincuencia —ilícito por tanto— financie a alcaldes y diputados que, por falta de medios e infraestructura, escaparán del control y de la fiscalización y desde lo local influirán en la política nacional. El TSE, con más voluntad que acierto, deberá aplicar una normativa nueva y un tanto extrema que dificultará enormemente el debate entre candidatos, así como la publicidad en medios. La dureza de las medidas sancionadoras es de tal enjundia y subjetividad que posiblemente la mayor parte de medios prefiera quedarse al margen antes que entrar a colisionar con lo que ni siquiera los magistrados del tribunal electoral tienen claro, y los cambios drásticos pueden enlodarnos más. Observará que hay grupos que difunden el mensaje de que no habrá “elecciones libres por cooptación del TSE por parte de CICIG” y se preguntará qué puede haber detrás. Con el escenario descrito la respuesta aflora: hay quienes desean unas elecciones sin fiscalización por parte del TSE porque así podrán ser financiados por grupos cercanos al crimen organizado y continuar con el manoseo desde la política.

Comenté hace unas semanas que el poder político real hace tiempo que no está el Ejecutivo ni en el corrompido Congreso, es el poder local, sostenido por financistas anónimos, el que batea. Los ciudadanos hemos asimilado que hay otra forma de hacer las cosas sin pagar favores o comisiones y a los financistas les ha quedado claro que deben atenerse a reglas más exigentes de transparencia y no pagar chantajes. Sin embargo, quienes no han aprendido nada, ni están dispuestos a hacerlo, son políticos mediocres: alcaldes y diputados, particularmente distritales, anclados al modelo de financiamiento procedente de dinero mal habido y que apuestan por administrar lo público de manera ventajosa para perpetuarse en el poder —con cualquier partido— y no tener la necesidad de transparentar la identidad de los donantes ni mucho menos el origen de los fondos, la mayoría procedentes del crimen organizado.

El interés general se relega al particular del político quien sirve a terceros anónimos y corremos el riesgo de que sean los protagonistas en las elecciones venideras. Sobran ejemplos, publicados en el citado informe y aquellos evidenciados por investigaciones en prensa, sobre cómo diputados están relacionado con el narcotráfico y qué papel juegan en este rompecabezas del que poco o nada se entiende y menos se quiere saber.

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