Uno de ellos, por citar el más recurrente, es el de la inseguridad, que desde la ratificación de aquellos acuerdos no ha hecho más que radicalizarse, como lo evidencia el número de víctimas, algunas con derroche de violencia extrema, como queda registrado en el 2012, donde se cometieron las peores masacres, llevando la violencia homicida a niveles de barbarie, pues ahora resulta que las víctimas de la delincuencia son tantas como las que se registraban durante el conflicto armado.

Sin embargo, ese no es nuestro único problema y mucho menos para el Gobierno, que debe lidiar con una serie de rezagos que tienen sumido al país en un escenario cargado de demandas sociales, donde la inseguridad es apenas un ingrediente más, y a este se suman flagelos que nadie ha podido frenar, como es el caso de la desnutrición crónica, que según un reciente reporte de la Organización Mundial de la Salud, el 45 por ciento de los escolares guatemaltecos están desnutridos.

También, en el campo social, el año que concluye estuvo lleno de episodios que deben pasar por una profunda revisión, como la actividad minera, que casi se ha convertido en algo prohibido en el país porque en cualquier región en la que se intenta implementar se producen brotes de descontento y se ha llegado a situaciones extremas, como ocurrió en Santa Rosa, donde supuestos pobladores de ese departamento robaron un cargamento de dinamita, sin olvidar que el bloqueo en la minera de San Pedro Ayampuc se ha extendido más allá de lo deseable.

Al desasosiego social, que tuvo picos de preocupación, como sucedió en Totonicapán, donde perdieron la vida siete personas durante una protesta contra las tarifas de energía, los cambios a la carrera magisterial y las reformas constitucionales, se suma el descontento de un fuerte sector campesino que quedó burlado al no lograrse la aprobación de la ley de desarrollo rural, un proyecto que desencadenó incluso el enfrentamiento directo entre empresarios y diputados que intentaron la promulgación de esa normativa.

Quizás sea en lo político donde más tendrá que trabajar el Gobierno, si de verdad quiere reducir revoluciones a la conflictividad en el país, pues por un lado trascienden las evidentes desavenencias en la cúpula gobernante, y esto se traslada al Congreso, donde la representatividad se ha vuelto algo más que una caricatura, ya que con tanto tránsfuga resulta difícil saber de qué lado están los diputados, aunque esto históricamente lo han determinado las suculentas bonificaciones y la posibilidad de continuar haciendo negocios con los recursos públicos.