Más allá del saturado marketing político y la atomizada partidocracia representada por 28 partidos políticos inscritos (las matufias del PLP en cuanto a los falsos afiliados), la ciudadanía no visualiza una luz esperanzadora al final del túnel lúgubre que supone la existencia de un sistema político-electoral ausente de ideologías, monetarista, sin sustancia programática, con dirigentismo reciclado, sin vida orgánica en los territorios y dominado por la narcocultura, sobre todo cuando las alternativas como los Comités Cívicos Electorales (CCE) reproducen dichos vicios sistémicos o compiten con una fuerte asimetría ante las maquinarias electoreras.

Según la Ley Electoral y de Partidos Políticos, los CCE son organizaciones políticas, de carácter temporal, que postulan candidatos a cargos de elección popular, para integrar corporaciones municipales, y que cumplen la función de representar corrientes de opinión pública, en procesos electorales a nivel subnacional.

Desde la teoría política, los CCE son entidades genuinas de participación política y ciudadana que canalizan una serie de demandas colectivas en el plano social, económico, ambiental y cultural; y que reivindican el carácter soberano, popular y autónomo de los sujetos sociopolíticos organizados en los territorios. Son la bisagra alternativa que articula el sentir de las ciudadanías comunitarias a través de un proyecto político-electoral, marcando distancia de los partidos políticos de cuadros, elitarios y centralistas.

Empero, los CCE encuentran un conjunto de limitantes endógenas y exógenas para competir en igualdad de condiciones políticas con la apabullante partidocracia. Los principales obstáculos que padecen son los siguientes: a) temporalidad legal reducida; b) privatización simbólica del elector; c) asimetría financiera para gastos de campaña electoral; d) estructuración y movilización social restringida de la base ciudadana/comunitaria; e) incapacidad de postular candidatos a nivel distrital/regional; f) mayor vulnerabilidad ante la violencia política ejercida por las élites locales y/o narcotráfico; y g) caciquismo urbano céntrico, mestizo, adultocrático, elitista académicamente y machista.

A manera de colofón, los CCE fueron diseñados institucionalmente para no afectar el statu quo del sistema político y electoral, mimetizados legalmente para convertirse en los referentes del “municipalismo” y “descentralización”, aquellas organizaciones que han supervivido a la asfixia perinatal desde la Constitución de 1985 y que no atentan contra los intereses de la clase política tradicional y de las élites financistas (ahora formando sus propios tecnócratas e intelectuales orgánicos en la Escuela de Gobierno de Cayalá), que legitiman desde las trincheras de la inclusión política, la participación democrática y el poder local un sistema político donde prevalece el patronazgo, la discrecionalidad, el racismo y el patrimonialismo finquero, donde los CCE tienen pocas posibilidades de contribuir al ejercicio de la política partidaria basada en la ética, la concertación societal y la autodeterminación de los pueblos.

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