CADA POCOS MINUTOS llegan nuevas que cambian el panorama político del país y por ello resulta difícil elaborar análisis y predecir acontecimientos. Sin embargo, algunos hechos sí tienen evidentemente una importancia, por sus consecuencias. Desde hace tiempo se trascendió en un secreto muy mal guardado: la alianza entre los partidos Patriota y Líder, es decir, entre el presidente Otto Pérez Molina y el candidato presidencial Manuel Baldizón. El campo de este pacto era el Congreso de la República, y se dejaba libre la lucha política, pero todo cambió cuando Alejandro Sinibaldi renunció a la candidatura y al Partido Patriota. Después vino el ampliamente conocido caso de Roxana Baldetti, y entonces el acuerdo cambió de especie.

LOS LIDERISTAS mantuvieron el acuerdo, y por ello dentro del Congreso se ausentaban para evitar la posibilidad de integrar la Comisión Pesquisidora. Era evidente la dependencia del presidente a la realidad política liderista. Luego del discurso dominical, de choque, el califa del partido Líder comenzó a percatarse del doble riesgo en el cual se encontraba: por un lado, si votaba a favor del derecho de antejuicio, recibiría la andanada de señalarlo como el facilitador de una burla a la ley. Por otro, si aprobaba esa integración, quedaba como traidor. Sin embargo, las manifestaciones en la capital y las áreas urbanas de los departamentos renacieron ayer. A esto se agregó la decisión del Congreso de crear la comisión investigadora.

POR AZARES DEL DESTI- no, quedaron de nuevo dos lideristas y dos patriotistas, más la diputada Nineth Montenegro, dentro de la comisión. Baldizón decidió intentar una maniobra arriesgada; convocar a los medios informativos de su propiedad para una “conferencia de prensa” en la cual solicitó al presidente renunciar al cargo. Poco tiempo después los reporteros de diversos medios independientes trataron de comunicarse con los diputados baldizonistas, sin poder lograrlo. Al ocurrir esto, se evidenció el plan: salir personalmente a pedir la renuncia, para de esa manera poder subirse a la ola cívica, pero al mismo tiempo ordenar la desaparición de los parlamentarios, a fin de cumplir con su parte del pacto con el presidente.

LAS RENUNCIAS AUMENtan. Han venido de funcionarios de todos los niveles de cercanía con el mandatario. Pero también de gentuza. Ayer me dio náusea ver a alguien como Armando Paniagua —echado de Fonapaz por corrupto— pidiendo la dimisión presidencial, y sentí algo parecido cuando me enteré del ingreso al Gobierno de gente como el abogado Ricardo Sagastume, quien hace apenas unos cuantos días calificaba en público a su ahora nuevo jefe como corrupto y ladrón. Eso es inaceptable aun cuando a todas luces se deba a un pacto a más alto nivel, realizado con el empresario beneficiado directamente con enormes contratos para la telefonía de celulares. Todo ello solo ayuda a colocar al gobernante en una posición indefendible.

EL PRESIDENTE DECIDIÓ una vez más aferrarse al poder, sabedor de su falta de legitimidad y de ser el centro de una de las peores crisis políticas del continente latinoamericano. Su determinación es someterse a las posibilidades legales, con el fin de abrir procesos jurídicos cuyo beneficio, aunque le cueste la posibilidad de ir a parar a la cárcel, mientras duren lo libran de futuras acusaciones y juicios afuera de las fronteras nacionales. En todo este enrarecido ambiente, se suman las peticiones de renuncia de la presidenta de la Corte de Constitucionalidad, de la Procuraduría General de la Nación y de la Contraloría General de Cuentas. De cualquier forma, no tiene oportunidad el presidente de escaparse de una batalla legal cuyo fin será una segura condena.