“Si no sirve… no sirve”… Es el adagio olvidado en los anaqueles de la ineptitud burocrática corrupta e inservible. Se mueren calcinados “jóvenes en peligro” en “casas Seguras”.

Se interponen demandas espurias de discriminación racial por utilizar “María chula” en una marca de ropa. Se pagan cientos de millones de quetzales en “resarcimientos” a supuestas víctimas del Estado, incluyendo jugosas comisiones a las oenegés intermediarias. Entre los resarcidos está el recién nombrado procurador de Derechos Humanos. ¿Será imparcial a la hora de defender los derechos humanos de militares?

Se han pagado miles de millones de quetzales a contratistas del Ministerio de Comunicaciones para que construyan carreteras, entre ellas la firma Odebrecht, pero le dan pase libre para recibir pago directo de un banco en Miami sin haber terminado la obra. Y las carreteras del país están colapsadas. Y nos siguen cobrando los 3 quetzales de impuesto vial en cada galón de combustible. ¡Y para colmo, las empresas han interpuesto amparos y el Gobierno no les puede dar mantenimiento a las carreteras porque está en una especie de nimbo jurídico!

A Marlene Blanco Lapola —hermana de Orlando Blanco Lapola de la bancada Une, acusada de ejecución extrajudicial cuando era jefe de la Policía Nacional Civil en tiempos de Sandra Colom— le dan medida sustitutiva, pero al hijo del presidente se la niegan por una infracción a la Ley de Compras y Contrataciones del Estado que debe perseguirse y castigarse por la Contraloría General de Cuentas… ¿Y qué decir del coronel Chiroy por el caso Alaska, que ya ha cumplido condena y no se la ha iniciado juicio porque el MP ha metido amparo tras amparo?

Otro caso de una contradicción apabullante es el de Bernardo Caal Xól, ahora activista ambiental promotor del amparo contra las hidroeléctricas, anterior socio de Joviel Acevedo y en abierto conflicto por hacerse del control sindical. Caal Xól, era maestro de la Escuela Oficial Rural Mixta de la aldea Semoch, Santa María Cahabón, Alta Verapaz. Estuvo prófugo por varios meses. Tenía orden de captura por caso especial de estafa, porque pese a su ausencia durante 20 meses y sin presentar excusa, Caal Xól cobró Q104 mil 512.76. El Mineduc lo destituyó en agosto del 2013.

Para sorpresa de todos, el juez Ricardo Isaías Caal (¿familiar?) resolvió ligar a proceso al dirigente campesino con arresto domiciliar, fianza de Q25 mil y orden de arraigo. O sea, cárcel para el hijo del presidente. Cárcel para Chiroy. Cárcel para cientos de guatemaltecos en situaciones jurídicas mucho menos complicadas, pero libertad para Blanco Lapola y Caal Xól.

CODECA se roba más de 200 millones de quetzales de fluido eléctrico vendiendo “protección” y asistencia técnica para hacer y cobrar las conexiones ilegales o “diablos” como le llaman. Llevan años haciéndolo. Han secuestrado a empleados de Energuate en no pocas ocasiones. El Gobierno lo sabe, el Ministerio Público lo sabe, CICIG lo sabe, pero nadie hace nada.

¿Ahora se puede comprender por qué los guatemaltecos pensantes rechazan con tanta vehemencia cualquier ley que pretenda conformar una burocracia, -si es que no un gobierno- de jueces sujetos a la discrecionalidad, la frivolidad jurídica, la manipulación política dentro de un cuerpo colegiado con abierta vinculación ideológica? Una muestra de este sesgo contra militares, invasores de fincas y activistas anti minería y anti hidroeléctricas, se pudo comprobar durante la gestión del exmagistrado y presidente de la Cámara Penal César Barrientos y la Fiscal General Claudia Paz y Paz.

Renap, correo, carreteras, cárceles. La lista va en aumento hasta que el colapso sea perfecto.