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Castigo a los asesinos y cómplices

Antonio Mosquera Aguilar http://registroakasico.wordpress.com

Urge aclarar los asesinatos de tres dirigentes del movimiento social ocurridos durante la quincena. La muerte de Mateo Chamán Paau, residente de San Juan de los Tres Ríos, Cobán; José Can Xol, residente de Choctún Basilá, Cobán, ambos miembros del Comité Campesino del Altiplano, se suman al asesinato de Luis Arturo Marroquín, de San Luis Jilotepéque, Jalapa, del Comité de Desarrollo Campesino.

Inicialmente, debe referirse la situación en la que ocurrieron los hechos delictivos. Armas, heridas y circunstancias deben ser de conocimiento público para evitar las hipótesis aventuradas provocadoras de condenas apresuradas. Después, cabe esperar una investigación profunda para encontrar a los responsables. No puede permitirse un manto encubridor debido a los escándalos políticos nacionales.

El crecimiento de la brutalidad para enfrentar la miseria extrema en Alta Verapaz debe cesar. Nadie objeta que se haga cumplir la ley, pero es indecente actuar como si la pobreza elevada no tuviera atenazada a fuertes contingentes expulsados de la actividad agrícola de sobrevivencia. La creciente depresión de la caficultura y la instalación de plantaciones con baja contratación amerita considerar una inversión social para evitar la debacle humana. Un sector grande de la población está al borde de la inanición.

Deben promoverse obras públicas municipales, abiertas tanto a hombres como mujeres, que sean un paliativo a la falta de oferta de empleo. De igual manera, promover la movilidad de los desocupados por medio de transporte subsidiado a lugares con oferta ocupacional. No se trata de un programa de desarrollo social, de seguridad alimentaria ni otros que tienen programas de dudosa eficacia en el presupuesto, sino de un esfuerzo emergente para evitar el crecimiento de males sociales.

Cuando se tensa la conflictividad, grupos que responden a los intereses creados agreden a los activistas que expresan los sentimientos de los sectores sociales deprimidos. Los agresores se engañan, pues creen que silenciando al discurso reivindicativo se terminarán los problemas.

Al encastillarse en fincas y plantaciones se forman bolsones de miseria. La vivienda es altamente precaria, los niños carecen de cuidados y la desintegración familiar generaliza hogares en la pobreza al cuidado de mujeres cargadas de hijos. El paisaje es deprimente. Algunas antiguas fincas expropiadas a los alemanes en la Segunda Guerra Mundial muestran esa situación. Pequeños valles en la montaña con tierras improductivas están cercados por fincas celosas de sus posesiones.

En consecuencia, el gobierno debe intervenir. Se trata de una acción de emergencia, debe ofrecer salidas. No se puede esperar al crecimiento de la economía para alentar la ocupación, pues el crecimiento poblacional es el doble en estas regiones. De esa cuenta, el número de necesitados siempre está por encima de las oportunidades económicas.

La violencia contra los líderes populares se detiene cuando el gobierno toma acción. Cuando se limita a lamentar los hechos y excusar autoría se va por mal camino. Obviamente algunos discursos anclados en el pasado repiten estribillos y señalamientos, sin presentar pruebas. Aunque es reprochable esa actitud demagógica, un motivo concurrente se encuentra en la inacción de la autoridad. Se deben condenar los asesinatos. La autoridad no debe dejar que terratenientes y funcionarios de plantaciones expresen puntos de vista que llamen a la represión delictuosa.

La paz necesita un sentido alto de justicia, donde la impunidad no tiene cabida.

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