con una línea divisoria bastante difusa y abarcadora.

Empero, aunque estos huecheros de la cosa pública continúen atiborrando sus arcas personales/sectoriales con el erario nacional, en otros países del segundo y tercer mundo existe una calificada y eficaz tecnocracia que hace contrapeso en entidades claves del Gobierno a los abusos de autoridad, negocios de la farándula politiquera y transgresiones al Estado de Derecho. A este conjunto de funcionarios e instituciones, el BID le denomina Centro de Gobierno (CdG).

Los CdG son aquellas instituciones que prestan apoyo directo al presidente, generalmente para la planificación estratégica de las prioridades gubernamentales, la coordinación de ministerios y agencias en el diseño e implementación de políticas públicas, el monitoreo de su desempeño, la gestión de la política exterior, la coherencia de objetivos y resultados, la comunicación de las políticas, y la reducción de la brecha de ilegitimidad entre gobierno y ciudadanía.

Los CdG tienen un carácter intersectorial y multidisciplinario para hacer vinculantes los designios de planificación y presupuestación, precisamente para trascender el enfoque de la Nueva Gestión Pública —descentralización de la toma de decisiones y creación de agencias semiautónomas— y la perspectiva de la gobernanza —coejecución de proyectos públicos por parte de oenegés—.

A diferencia de los ministerios y agencias, las instituciones del CdG no están involucradas en la regulación o la prestación de servicios directamente, y a pesar de que trabajan directamente para apoyar al presidente, los CdG sirven a todo el Gobierno, dado que la calidad y el impacto de todas las políticas clave pueden ser fortalecidos por la dirección y el rol facilitador del mismo.

Dentro de los CdG más funcionales podemos destacar a la extinta Unidad de Entrega del primer ministro de Gran Bretaña, el CUI de Australia, la UPGC de Chile, el Pemandu de Malasia y la UKP4 de Indonesia.

No obstante, ante la formación histórica del Estado —elitaria, violenta y monoétnica—, y su difícil transformación estructural, es necesario que urgentemente se implemente un CdG que sea en esencia un cerebelo público, es decir un cuerpo colegiado, competitivo y prospectivo fiscalmente, con expertise técnico y que sea capaz de incidir políticamente al alto nivel para que avancemos en el establecimiento de una ruta crítica que haga efectivos algunos postulados de la democracia representativa y de la gobernabilidad —no permitir que se transen los retos de desarrollo de país como mínimo—.

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