Como se le había advertido hasta la saciedad al desgobierno actual, Guatemala iba a quedar fuera del olimpismo internacional como efecto de haber inmiscuido a la Corte de Constitucionalidad en un campo ajeno a su quehacer y haberle dado su apoyo a los miembros del Comité Olímpico Guatemalteco integrantes de una planilla derrotada dos veces. La segunda elección se hizo por solicitud de ellos y tuvo el aval del COI, máxima autoridad mundial del olimpismo. Ese organismo decidió otorgar un nuevo plazo, hasta el 15 de octubre, para un cambio en la postura de una CC apéndice del gobierno. No cambiará, por la terquedad y ambición de fondos para la campaña. Lo anunciado resulta ser la fecha de ejecución de una sentencia de muerte ya anunciada y temida.

Es un hecho fatal (inevitable, infeliz, malo). La suspensión del COG les impedirá a los atletas nacionales representar a Guatemala, competir bajo la bandera, ya ni tendrán seguro de vida y gastos médicos. Cesarán los apoyos económicos para 322 atletas, 128 técnicos, 148 entrenadores y técnicos. Costa Rica muy probablemente no podrá organizar los juegos centroamericanos y entonces la corrupción, escondida pero fundamental por quienes crearon el problema, alcanzará a cientos de atletas del istmo y del Caribe. El inicio de esas competencias está programado para el 27 de octubre y por ello para realizarlos los ticos deberán iniciar la preparación desde ya, sin la participación de Guatemala. Aun así las posibilidades son, francamente, mínimas.

El gobierno no puede alegar ignorancia. Fue informado y su terquedad es provocada por las desaforadas ansias de financiar la próxima campaña. A mi juicio, es el momento de señalar los nombres de los responsables, con nombre y apellido, para así ser sometidos a la vindicta pública. Giammattei pasará a la Historia por razones muy negativas. Este caso, porque deja a los atletas guatemaltecos fuera de las competencias mundiales, comenzando con los ya mencionados juegos centroamericanos. Es una tragedia para los jóvenes e ilusionados atletas, imposibilitados de competir como quieren y se han preparado. Es la victoria de la abyecta politiquería y del ansia de apoderarse de Q468 millones asignados al deporte para malgastarlos en la campaña.

Son los responsables de este desbarajuste, en primer lugar la planilla perdedora: Jorge Rodas Hurtarte, exfutbolista; María José Iglesias Ramos, abogada de la Corte Suprema; Selvyn Ponciano (de Municipal); Walter René Vásquez (asesor del gobierno) y Edwin Giovanni Gutiérrez (sin un documento requerido). Le siguen los magistrados de la CC, menos Roberto Molina Barreto, quien votó en contra: Dina Ochoa, presidenta; Hugo Pérez Aguilera, exmagistrado de la CC; Mauricio Vásquez Pimentel y Leyla Lemus, amiga y ex secretaria general de la Presidencia. Como se ve, la mayoría son personajes muy cercanos a Alejandro Giammattei. Si su padre viera esto, lloraría de dolor y frustración al ver hundidos sus esfuerzos pro olímpicos de tantos años.

La suerte está echada. En vista del interés del COI por arreglar el asunto, se le podría rogar una moratoria si los dos contendientes se retiran. Sería agarrarse de un clavo ardiente, claro, pero es la única forma de no afectar a los deportistas guatemaltecos y seguramente centroamericanos también, víctimas inocentes de esta comprobación del ansia enloquecida de apoderarse del dinero para el deporte con propósitos malsanos. Lo menciono porque la esperanza puede renacer, pero estoy convencido de la enorme dificultad de lograrlo. Una vez pasado el 25 de octubre, debe comenzarse una investigación, mejor si es periodística, de cuánto ha recibido el deporte guatemalteco desde 1985, en qué y por qué se ha gastado para borrar dudas. Por último, manifiesto mi solidaridad con los atletas.