Desde hace algunos años, las instituciones dedicadas al análisis de los hechos politiqueros y de sus consecuencias, así como las columnas periodísticas, han señalado desde puntos de vista a veces diametralmente opuestos hasta el trágico resultado de las consecuencias de la corrupción y el pillaje. Mucho se ha referido al campo económico, pero también, y de manera especial, al efecto de convertir a los puestos y las entidades políticas en centros donde impera el descaro, la incapacidad y sobre todo la carencia de la más mínima intención de beneficiar al país. El resultado han sido las decenas de millonarios instantáneos a costa de complicar cada vez más la ya dura vida cotidiana de la mayoría de guatemaltecos, cuyo subdesarrollo abarca salud, educación y mucho más.

En este momento la opinión pública ha comenzado y afianzado un proceso de conocimiento y por ello rechazo la forma como se maneja el Estado y cómo se llega a los puestos de elección o de nombramiento. Ahora está demasiado abierto y por ello llegan personajes cada vez peores por su ausencia de valores personales. No se volvieron ladrones ni corruptos en cualquiera de sus manifestaciones. Ya lo eran en ciernes, ya estaba en ellos la mala semilla de los antivalores, pero no habían tenido la oportunidad de demostrarlo y hasta presumir de ello. Se han integrado a las bandas de asaltantes de la cosa pública, y de quienes lo hacen desde otros sectores, sobre todo económicos, empresariales, sindicales, castrenses y hasta religiosos. En suma, todos los segmentos sociales.

El país naufraga en las cloacas de la corrupción. Antes navegaba, pero ahora se está hundiendo. Los tres poderes del Estado han caído en las garras de los innombrables y esto destaca al ser analizadas incluso las características físicas de la mayoría de quienes las encabezan o integran. La Presidencia, el Congreso, las cortes Suprema de Justicia y de Constitucionalidad, el Tribunal Supremo Electoral y muchísimos de los alcaldes de un número cada vez mayor de municipalidades están encabezados por gente cuya mirada no despierta confianza, y esto se confirma cuando se conoce de sus acciones y sus relaciones. Obviamente, no se trata de descalificarlos por sus rasgos físicos, sino porque su expresión llama al recelo.

Es necesario poner normas, requisitos y limitaciones a ciertos derechos. Ya se intentó con éxito: los militares deben esperar cinco años antes de aspirar a la Presidencia. Se hizo desde 1986 para evitar el inconveniente salto de ministro de la Defensa a mandatario, y nadie lo consideró una limitación al derecho de ser electo. Urge limitar y enmarcar la participación electoral de los “partidos” políticos exprés, de vida también muy corta, por no decir fugaz. Debe haber un lapso razonable entre el momento de la inscripción y el de la participación electoral. Podría agregarse solo presentar aspirantes a alcaldías y diputaciones, y de esa manera, en resumen, si la agrupación se funda en el 2021, participa en estas dos categorías en el 2025, y en la presidencial en el 2029.

Así, el partido tendría que buscar aspirantes propios, adquirir experiencia en el Organismo Legislativo y en las alcaldías, buscar financiamiento legal y aumentar sus afiliados. En suma, funcionar como agrupación política. Estas normas disminuirían el número de micropartidos y de individuos iluminados para ser presidente. Este artículo solo presenta algunas consideraciones oportunas con el fin de reducir el engaño a tontos fáciles y útiles para beneficiar a embaucadores. Un valladar son casos como el del grotesco Jimmy Morales, quien se interesó por el poder cuando lo convencieron de que era la única manera de volverse millonario de la noche a la mañana. Pero a través de cambios decididos por un TSE digno, esto se puede evitar o reducir, con el resultado de contribuir al retorno de la confianza popular.