La declaración de Iván Velásquez, quien indica estar dispuesto a renunciar a cambio de la permanencia de la Cicig hasta el final de su mandato, es ahora calificada de extemporánea por el vicepresidente Jafet Cabrera. A mi juicio, no lo es, porque la decisión del gobierno se hizo sin llenar las condiciones del acuerdo, y esta es una de las razones de las variadas y clarísimas objeciones de numerosos países importantes para Guatemala. Es muy claro: la Cicig no permanecerá para siempre ni es conveniente, pero en beneficio de la seriedad del país se debe cumplir con el término de su mandato, de solo nueve meses en un año marcado por la actividad política previa a las elecciones.

En este momento, la eliminación unilateral de esta entidad solamente significará el fin de los casos de corrupción, con el evidente beneficio para quienes participaron y están siendo juzgados, en el resultado más significativo de los once años de trabajo de la Cicig. No ver esto es en realidad imperdonable. Por aparte, entroniza esta lacra en la actividad politiquera, en un lamentable contubernio con un grupo del sector privado no representativo del pensamiento de la totalidad de sus integrantes, pero por supuesto con indudable fuerza. Por eso creo errado hablar de la Cicig en tiempo pasado, pues ello implica tácitamente colocarse al lado de la posición cuestionable de un gobierno evidentemente atemorizado por la continuidad de las investigaciones.

El gobierno y los demás opositores irreflexivos a la Cicig deben tomar en cuenta el posible alcance de mantener esa actitud. Como siempre ocurre en casos complicados, todos los actores han cometido errores y por ello mantenerse en la defensa de una supuesta victoria por imposición, aunque sea cubierta por recovecos legales y por su aplicación parcial o selectiva, solamente profundiza las diferencias. Todo resultado de un retroceso en los avances logrados, pese a los errores e incluso malas intenciones —si se quiere agregarlas— a la larga tendrá consecuencias de las cuales todos los ciudadanos se arrepentirán o lamentarán dentro de un tiempo corto o largo. Se debe ver la historia y enterarse de las tragedias derivadas de todas las victorias pírricas.

Escuché al doctor en Derecho Eduardo Mayora, colega columnista, durante la entrevista hecha por Dionisio Gutiérrez el miércoles, en el programa Razón de Estado, de Guatevisión. En un breve resumen: la Corte de Constitucionalidad, no el presidente, tiene la última palabra; el antejuicio contra los tres magistrados atenta contra la independencia de los tribunales y constituye un catastrófico atraso, necesitado de décadas para regresar al punto donde se está hoy; el presidente y el Congreso pueden pasar a la historia en aras del estado de Derecho; los intereses e ideologías sesgan el criterio; se requiere de órganos independientes que tengan credibilidad; las élites políticas, económicas y sociales no han logrado asimilar la importancia a largo plazo.

Pero me extrañó este criterio: se necesita reformar la Constitución para crear contrapesos y recuperar la credibilidad en los tribunales, porque quienes ejercen el poder no tienen incentivos para cambiar. Estoy seguro, tal idea de hecho pone en riesgo al sistema democrático: pues las reformas serían realizadas por este Congreso, dispuesto a continuar los pasos hacia la dictadura seguidos por el actual gobierno. La Constitución debe ser aplicada, no cambiada. Las resoluciones de las cortes deben obedecerse, pero se puede cambiar el procedimiento para integrarlas, para evitar la cooptación de fuerzas oscuras para integrarlas. Esto es materia de una mezcla de lo legal con lo político (no lo politiquero), y con el criterio filosófico de Platón para el manejo de la ciudad. Pese a tal riesgo, la opinión del doctor Mayora, por su historial, no puede ser válidamente descalificada por quienes se ven afectados a causa de la lucha contra la corrupción.