El inicio de este gobierno obliga al ciudadano a involucrarse para juzgar la actividad de los funcionarios, porque la vigilancia es el precio de la democracia y no implica desconfianza. Haberla abandonado por años provocó los abusos políticos cuyos graves efectos los sufre el país. Algunos criterios se basan en lógica y la exigencia de lograrlos solo puede ser positiva. Entre ellos:

Acuerdos políticos son necesarios. El ciudadano desconfía, al considerarlos sinónimo de contubernio. Eso sí, necesitan madurez y buena intención políticas. Son inevitables las alianzas en el Congreso, por ejemplo, a causa de la superpoblación de pseudo-mini-partidos sin representación real. La decisión depende no solo de sumar apoyos, sino medir el desprestigio de esa alianza.

Conocimiento de los acuerdos. Las negociaciones internas del Congreso, o del Ejecutivo, son materia de interés nacional. Por ello no es justificable seguirlas manteniendo a puertas cerradas o sin conocimiento. Una de las causas del desprestigio actual es precisamente esa.

Alianzas y llamamientos. Los aliados y colaboradores, a todo nivel, deben ser escogidos entre gente capaz y correcta. Quienes han colaborado con regímenes corruptos tienen eso como lastre y escogerlos necesita ser explicada, con razones sólidas. Si no es así, afectan el mensaje de comenzar una nueva forma de gobierno.

Investigar no es cacería de brujas. El manejo de dinero público implica responsabilidad legal durante veinte años. Los negocios corruptos son materia de investigaciones oficiales deben responder. La presentación pública de videos no es necesariamente mala fe, y cuando alguien señala cifras, estas no deben ser descartadas en base a quién las presenta.

Fotos con funcionarios. La mayoría no significan nada adicional a coincidencia en un acto determinado. Ahora, usadas como arma politiquera se usan para descalificar a los retratados, algo tal vez explicable en algunos casos, pero si no se determina el lugar y la fecha, tienen mala intención.

Vida personal de los funcionarios. Se divide en vida privada, en casa, o íntima, en el dormitorio. Cuando se mezclan y son financiadas por el erario, con dinero del erario, se convierten en interés nacional y campo de investigaciones periodísticas, no por las acciones morales o éticas, sino por el mal uso de los fondos.

Salud de los funcionarios. El interés público sobre este tema aumenta según la importancia del cargo. La mala salud en alguien cuyas tareas incluyen toma de decisiones importantes, puede ser motivo de problemas políticos o económicos. Los rumores solo se eliminan con reportes oficiales médicos.

Familiares de funcionarios. Los electos no son los cónyuges y por eso no procede usar dinero del Estado para sus gastos. La esposa del presidente es una excepción por tener tareas asignadas, pero es negativo darle un papel de poder detrás o frente al trono, como ocurrió con Sandra Torres.

Viajes oficiales. Solo incluyen personas cuya tarea lo justifica. No hoteles, restaurantes ni reuniones “cinco estrellas”. Boleto aéreo clase turista, con opción al funcionario de pagar la diferencia con otro tipo de boleto. Salir un día antes de la actividad y regresar al día siguiente. Los viáticos necesitan presentar reporte de gastos porque no son regalos.