Estados Unidos
Ideas
Aumentos por decreto, informalidad por diseño
El Gobierno puede pagar salarios sin importar la productividad marginal del trabajo; las empresas, no.
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Hace un par de semanas, la Comisión de Vestuarios y Textiles (Vestex) confirmó lo que la teoría económica anticipa: el sector de vestuarios y textiles perdió más de 12 mil empleos formales durante 2025. La cifra coincide con el incremento del 10% al salario mínimo decretado ese año por el presidente Bernardo Arévalo. Para 2026, cuando ya se oficializó un nuevo aumento, el sector proyecta la pérdida de seis mil plazas adicionales. Esas cifras representan a miles de familias que hoy carecen de estabilidad económica debido a la brecha insostenible entre el costo laboral y la productividad real. ¿Cómo puede un gobierno pretender mejorar la vida de los ciudadanos destruyendo las fuentes de ingreso que los sostienen?
El mercado informal absorbe la mayor parte del empleo porque el sector formal no puede sostener los costos que el Gobierno impone.
El Gobierno argumenta que se han incrementado cotizantes al IGSS. Los números, sin embargo, cuentan otra historia. El dato agregado del IGSS oculta una realidad fragmentada. Hasta octubre de 2025, el empleo formal en el sector privado creció apenas 1.97%, frente al 4.47% registrado en el Gobierno. Entre 2020 y 2024, el promedio anual de crecimiento del empleo formal alcanzó 6.5%; en 2025 cayó a menos de 4%. Estimaciones conservadoras indican que la caída en la tasa de crecimiento del empleo formal privado representa entre 40 mil y 60 mil empleos formales que dejaron de crearse en el sector privado. No es que no haya contrataciones; el problema radica en que el Estado absorbió el incremento mientras la economía productiva frenó su expansión. Cuando se desglosa la cifra, emerge el patrón previsible: el Gobierno puede pagar salarios sin importar la productividad marginal del trabajo; las empresas, no. Esta transferencia de recursos del sector productivo hacia la burocracia estatal es el síntoma clásico de una gestión que prioriza la imagen política sobre la salud económica.
La teoría económica explica este fenómeno: fijar salarios por encima del equilibrio natural entre oferta y demanda genera desempleo involuntario. El salario refleja la productividad marginal del trabajador; cuando el Estado impone un piso artificial superior a ese nivel, las empresas enfrentan tres opciones: despedir personal, automatizar procesos o trasladar operaciones a jurisdicciones con costos laborales menores. En Guatemala, el resultado es que más del 70% de los trabajadores opera en la informalidad. El porcentaje sería mucho mayor, de no ser porque más de tres millones de guatemaltecos se han ido del país para ir a buscar empleo en Estados Unidos.
Según la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos Continua, el ingreso promedio mensual del guatemalteco —Q2 mil 772 en áreas urbanas, Q1 mil 986 en zonas rurales— se ubica muy por debajo del salario mínimo legal vigente. Esta brecha evidencia que el mercado informal absorbe la mayor parte del empleo precisamente porque el sector formal no puede sostener los costos que el Gobierno impone.
¿Por qué el Gobierno persiste en este error? Sencillo. Para el político, el anuncio de un aumento salarial genera réditos inmediatos y popularidad fácil ante el sector sindical y ante los que tienen un trabajo formal. No obstante, ignora adrede y deja en el olvido a la mayoría de los guatemaltecos que sobreviven en la informalidad. ¿Es justo condenar a tres de cada cuatro trabajadores a la precariedad legal para sostener un relato de bienestar estatal?
Y la situación no va para mejor. Tengo conocimiento de varias empresas que, por lo menos, han dejado en pausa sus planes de expansión, cuando no han empezado a recortar personal, simplemente porque la chamarra no da para cubrir los costos. Si no corregimos el rumbo, el daño a la estructura económica del país será irreversible.
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