A partir de hoy comienza la campaña electoral, en condiciones nuevas, causantes de dudas y suspicacias acerca de las razones verdaderas de los cambios en la Ley Electoral y de Partidos Políticos, así como en la posición del Tribunal Supremo Electoral, ahora de alguna forma debilitada por su reciente intento de censura y el efecto contra el derecho humano de emisión del pensamiento, aunque tampoco quedó clara la real intención. La ciudadanía está evidentemente confundida, molesta, desesperanzada, como lo demuestran los casi dos millones de votantes cuyos documentos se encuentran en el Registro Nacional de las Personas porque sus propietarios no sienten deseo de recogerlos. Ello significa, claramente, la disminución en el crecimiento del padrón electoral.

En las elecciones pasadas había, en cifras redondas, 7.556 millones de inscritos, de los cuales participaron 5,390 en la primera vuelta , o sea un ausentismo de 28%. En la segunda, la participación fue de 4,253, es decir un 21 por ciento menos de quienes fueron a votar en la primera vuelta, y 44% menos del total de inscritos. Se debe recordar: los inscritos subieron de 7.556 millones a 7.782, un aumento del 3%. Es un necesario ejercicio conocer el número exacto de empadronados, para desde ese punto predecir el comportamiento electoral de los ciudadanos y, luego de conocerse los resultados de la primera vuelta, buscar las posibles explicaciones. Pero son evidentes los nubarrones colocados sobre el campo de la participación popular en los comicios.

Al tomar en cuenta algunos factores sin precedentes, este inicio de la campaña electoral resulta ser atípico porque no se sabe a ciencia cierta cuántos candidatos participarán, a causa de la serie de acciones legales contra algunos de ellos, y de la espera de los resultados finales de otras solicitudes en trámite. La primera vuelta de las elecciones se encuentra a escasas doce semanas de distancia. Todo esto conspira contra la posibilidad de mantener a salvo un sistema electoral cuyas falencias han sido suficientes para poner en duda lo más importante de toda elección: reflejar el deseo de los votantes, aun cuando puedan haber sido engañados por motivos populistas o de cualquier clase, y haber colocado en el mando del Ejecutivo a gente cada vez peor.

La calificación de “este es el peor gobierno” comenzó a circular desde el inicio de la época de democracia de elecciones iniciada en 1986. Serrano demostró ser peor a Cerezo; Arzú, ser peor a Serrano; Portillo, ser peor a Arzú; Berger, ser peor a Portillo; Colom, ser peor a Berger; Pérez Molina, ser peor a Colom, y Morales, peor a Pérez Molina. Ha habido una “peorcracia” y la competencia por decidir quién fue el peor es reñida, porque de todos coloquialmente se debería decir: “peor, más peor, más más peor, hasta llegar a la necesidad de crear un nuevo superlativo: el de “peorísimo”. Con humor negro, esto es lo ocurrido y explica la actual competencia de Guatemala por ocupar el último lugar en todo dentro de los países al sur del Río Grande.

Ya han comenzado las voces para votar nulo, una inutilidad práctica porque en todo caso la repetición electoral se daría en los mismos ocupantes del primero y segundo lugares en la primera vuelta. Pero esa validez da un arma moral, al permitir un espacio ciudadano para presentarse a las urnas y votar de esa manera. En resumen, todos los contendientes de la carrera están en la pista, pero algunos serán hechos a un lado y ello puede provocar aún mayor ausentismo entre quienes no quieren votar por representantes de la Vieja Política y sus cómplices, quienes han demostrado una increíble tozudez, cercana a la estulticia, al no entender el mensaje popular para el logro de un cambio fundamental dentro del sistema.