Estados Unidos
Al grano
Buenas intenciones, demagogia y agua
La demagogia y la sensiblería son pésimas consejeras a la hora de encarar el problema del agua.
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Hace unos días salía de Villa Canales rumbo a la Ciudad de Guatemala. Al incorporarnos a la carretera pasamos frente a un modesto taller automotriz, con la cortina metálica levantada. Dentro conversaban dos personas y, en la entrada —ya con dos ruedas sobre la calle—, había un automóvil estacionado. Parecía que lo lavaban; a su lado, una manguera dejaba correr un chorro generoso de agua que se perdía por el tragante de la esquina.
La demagogia y la sensiblería son pésimas consejeras a la hora de encarar el problema del agua.
La persona que me acompañaba comentó: —¡Qué irracionalidad! ¿Cómo puede alguien desperdiciar así el agua? Le pregunté si alguna vez había visto a alguien vaciar en el suelo el contenido de uno de esos botellones de agua potable. Me respondió que no, salvo por accidente o por descuido. Mi pregunta, retórica, surtió el efecto deseado: me pidió que le explicara a qué me refería.
Lo que me interesaba subrayar —entonces y ahora— es que, en ambos escenarios (el del operario que deja correr el agua de la manguera y el de quien procura no derramar la de su botellón), las conductas son racionales, al menos en el sentido económico del término.
En efecto, el precio del agua para ese modesto taller de Villa Canales es tan bajo que desperdiciar —qué sé yo— unos cien litros, dejándolos correr hacia el tragante de la esquina, no resulta irracional. El esmero de quien evita que se derrame el agua del botellón también es racional: el precio pagado en el supermercado o la tienda es un incentivo lo bastante fuerte como para cuidarla, evitar que se pierda y prevenir que se contamine.
Ese es, en buena medida, el problema del agua en Guatemala: apoyados en las buenas intenciones de millones de personas que no dimensionan la escasez de agua limpia que ya sufrimos, y seducidos por la demagogia de politiqueros y grupos interesados, muchos dan por sentado que el agua es un bien abundante; que la naturaleza la ofrece sin límites; y que, por ser esencial para la vida humana, forma parte de los derechos sociales y debe ponerse a disposición gratuitamente.
Al no existir precios reales para muchos usos y consumos del agua, su desperdicio —a veces incluso su desprecio— se vuelve una conducta económicamente racional. Los bellos lagos que tantos poetas han cantado y tantos artistas han pintado se contaminan, a menudo, por las propias municipalidades vecinas porque “no cuesta nada”. Verter en sus cuencas —o directamente en los lagos— aguas servidas no les cuesta nada. Tampoco pagan por ello muchas industrias y explotaciones agropecuarias que contaminan fuentes acuíferas, ríos o el manto freático.
El Estado dicta leyes, plagadas de demagogia e ingenuidad, para la protección ambiental; leyes que, como es bien sabido, es incapaz de hacer valer. Entre la ineficacia, la incompetencia y la falta de probidad de muchos de los funcionarios encargados, el agua se “desprecia” porque no tiene “precio”.
Si, como se ha hecho con el espectro radioeléctrico y la energía eléctrica, se generaran derechos exclusivos sobre diversos recursos hídricos y se dejaran surgir precios no distorsionados, el agua limpia sería menos escasa y más “apreciada”, precisamente porque tendría precio. ¿Y los pobres? Por supuesto: a quienes no pudieran pagarlo habría que subvencionarlos. Así se hace con la energía eléctrica.
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