Nayib Bukele, de un plumazo, derrumbó su imagen. En los últimos tres días cometió errores fundamentales imperdonables. Primero ordenó al Ejército tomar por asalto al Congreso, encabezado por él. Ni siquiera las dictaduras militares se habían atrevido a hacer algo semejante. Segundo, afirmó haber hablado con dios, quien le recomendó paciencia, con lo cual se alinea con los políticos incapaces de entender la indispensable separación entre podio y púlpito, además de cometer un sacrilegio, hablando en términos religiosos. Y ayer, como concesión, afirmó estar dispuesto a obedecer a las cortes, a lo cual está obligado.

Es comprobación de incapacidad llamar a los ciudadanos a tomar las calles para obligar a los diputados a acatar sus deseos, además de aberración. Los militares obedientes a esa orden presidencial rompieron la norma castrense de no acatar órdenes ilegales, aunque estén basadas en una interpretación inconveniente de un artículo constitucional. Inconscientemente afloraron con fuerza sus sentimientos totalitaristas. El Salvador retrocedió aún más de lo imaginable, aunque se pueda estar de acuerdo con la motivación bukelesca. En pocas horas acabó con los avances en su imagen, ahora de un dictador en potencia.

Sigue cisma en la UNE

El fin de la UNE está cada día más cerca. Ayer, Sandra Torres solicitó el antejuicio para los diputados uneistas Carlos Alberto Barreda Taracena, Mario Taracena Díaz Sol y Óscar Arturo Argueta Mayén, los tres miembros de la trinca sandratorrista desde hace varios años, como consecuencia del resultado de la elección para presidente del Congreso, cuya derrota debilita enormemente al partido, y lo hace también con una lideresa de personalidad áspera, por decir lo mínimo. Con la inminente secesión, el panorama político inmediato y mediato del país cambiará de una manera ahora difícil de predecir con seguridad.

Para los uneistas, hasta este momento el partido era el de mayor capacidad de influencia, y tal apreciación era correcta. Pero cuando se trata de una agrupación eminentemente caudillista, hay enormes posibilidades de seguir los pasos de los partidos desaparecidos en Guatemala. La desaparición o debilitamiento total se deberá, como siempre, a problemas, rencillas y deseos internos de venganza, o de ambiciones. Evidentemente, las acciones iniciadas por Sandra Torres solo tienen alguna posibilidad de materializarse si hubiera algún tipo de acuerdo previo con alguna autoridad del Organismo Judicial.

La irrenunciabilidad

Quienes ven a las leyes como entes imposibles de cambiar, porque su aplicación implica inaceptables beneficios, rayanos en la falta de moralidad, el caso de la indemnización a los diputados ni siquiera es motivo de discusión, así la hayan aprobado ellos mismos. Un amigo español me envió un mensaje titulado “un disparate, por no decir un atraco a mano armada”. Se refiere a los eurodiputados, quienes mensualmente tienen 8,757 euros de salario base; dietas generales por 4,513 euros; gastos de asistentes por casi 25 mil; gastos de viaje, dietas de viaje; jubilación a los 63 años, 210 mil euros de indemnización de fin de mandato, gastos médicos, chofer y oficina.

Como las prestaciones laborales son irrenunciables, los diputados guatemaltecos están obligados a aceptarlas. La defensa de este tipo de leyes, en vez de encontrar formas de cambiarlas, hace un enorme daño a la imagen ciudadana del sistema judicial. No se trata de odios, ni de fijarse en nimiedades: no lo son. El espíritu de esa irrenunciabilidad es proteger a los trabajadores de presiones, pero los diputados no pueden equipararse con un obrero. Los precedentes son luego lamentados por la ciudadanía. Según ese criterio, se debe indemnizar a todos los presidentes, ministros, diputados, etcétera, desde 1986. Es un mal chiste.