Ni los ministros de Finanzas ni mucho menos el presidente Morales han dedicado unas palabras para reconocer que la recolección de tributos, desde 2013, comenzó una trayectoria de descenso que se ha acentuado en los tres años del actual gobierno. Lo cierto es que la recaudación de impuestos del Estado guatemalteco cerró el pasado mes de enero con Q294.2 millones debajo de lo esperado. La meta de recaudación para 2019 es de Q64,027.7 millones, aproximadamente un 10.2% del producto interno bruto (PIB), pero al paso que va la recolección de impuestos, a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) le faltarán entre Q1,700.0 y Q2,000 millones para llegar a la meta.

Todo parece indicar que en 2019 la SAT obtendrá los peores resultados de sus veintiún años de historia, sobrepasando el triste récord conseguido en 2018, cuando cerró con una carga tributaria equivalente apenas al 10.0% del PIB, muy lejos del 12.1% conseguido en 2007, del 13.2% establecido en los acuerdos de paz, y cada vez más lejos de su frontera tributaria, que es 23.7% del PIB, estimación técnica sobre el máximo nivel alcanzable de ingresos con el sistema tributario actual.

La baja recaudación en Guatemala es resultado de una menor productividad de los impuestos existentes, debido a la carencia de un plan que cierre los espacios a los diferentes delitos tributarios, incluidos la evasión de impuestos y el contrabando. Este mal manejo de la administración tributaria tiene, entre muchas, dos graves consecuencias. Primero, se reducen los recursos que pueden destinarse al aumento de la cobertura y calidad de los bienes y servicios públicos: hay menos para invertir en educación, salud, seguridad, lucha contra la desnutrición, por lo que el presupuesto apenas llega a cubrir el gasto público más rígido —salarios, pago de deuda, compromisos legales y constitucionales de gasto, por ejemplo—. Por otro lado, el débil trabajo para atrapar a los evasores y contrabandistas disminuye la moral tributaria entre los contribuyentes, en especial, el sector empresarial honesto (el que paga impuestos y no forma parte del Pacto de Corruptos) que debe competir con empresarios cuyos costos son menores al evitar el pago de impuestos, aun percibiendo que no habrá castigo por esa falta.

La SAT es una entidad vital para el cumplimiento de los planes de gobierno, mucho más en contextos políticos poco democráticos, como el actual, en el que es imposible lograr los votos necesarios para utilizar el endeudamiento público como herramienta de financiamiento. De ahí que el Estado, con el concurso de las fuerzas sociales democráticas —políticos, movimientos sociales, empresariales y cooperativistas, así como ciudadanos en general—, debe impulsar para los próximos diez años una hoja de ruta dividida en dos fases. Entre 2020 y 2023 se debe aumentar la carga tributaria hasta el 11.5% del PIB, por medio del combate con mayor eficacia de la evasión fiscal, reduciéndola principalmente en el impuestos al valor agregado y en el impuesto sobre la renta. La evasión de ambos impuestos supera hoy los Q36,000.0 millones anuales.

También se requiere caminar hacia la universalización de la factura electrónica y estudiar objetivamente los resultados, económicos y sociales, de las exenciones de impuestos. En el mediano plazo (2024-2030) se debe modernizar la regulación legal relacionada con la reducción de flujos ilícitos de capital y discutir cambios en la tributación que doten de más progresividad al sistema tributario. Todo esto en función del cumplimiento de metas de desarrollo y democracia.