En Guatemala se debe cambiar la legislación para que las carreteras puedan ser construidas al costo real y puedan ser mantenidas al costo correcto y frecuencia que debe ser. Es obsoleto y corrupto el modelo que existe. Eso es válido para autopistas y carreteras de doble vía de asfalto o concreto y para carreteras de terracería.

En el Congreso de la República está en segunda lectura la iniciativa de ley 5431 —Ley General de Infraestructura Vial—, y debe ir al Congreso una reforma al decreto 16-2010 —Ley de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica— que debería dar oportunidad a inversión de las alianzas público-privadas.

Hay dos asuntos muy claros y visibles para la ciudadanía: 1) exministros de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda o en la cárcel o prófugos de la justicia y 2) carreteras de asfalto o concreto en mal estado y carreteras de terracería sin mantenimiento, lo que ya está llevando a problemas sociales debido a la forma en la cual, en ciertas partes del país, se manifiesta la población.

En el caso de las anteriores autoridades del Ministerio CIV, lo más reciente en medios y en redes sociales es el hallazgo de 122 millones de quetzales en efectivo en una casa en Antigua Guatemala, por lo que el Ministerio Público acusa al exministro José Luis Benito, y la entrega voluntaria a la justicia, hace algunas semanas, del exministro Alejandro Sinibaldi. También ha habido autoridades del CIV y ejecutivos de empresas condenados, absueltos en procesos abreviados y prófugos. El mismo exministro Sinibaldi ha declarado a medios que el esquema es corrupto desde hace mucho tiempo.

Para el mantenimiento, en el gobierno del presidente Arzú se creó Covial cuando el partido de gobierno tenía mayoría en el Congreso (1996-2000). El diseño fue bien hecho, pero con el tiempo se fue dando el dicho “hecha la ley, hecha la trampa”.

Todos los gobiernos después del de Arzú han tenido abundante presupuesto para el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV). Todos los gobiernos han publicitado la obra pública en carreteras, pero estas no reúnen las condiciones aceptables para que transite el usuario con seguridad. Ejemplos: CA-1 (carretera interamericana) de Tecpán a Los Encuentros, la CA-2 de Escuintla a Cocales, la misma CA-2 todo lo que Odebrecht dejó a medias, la del Puerto Quetzal a Escuintla, y así muchas más. Ahora bien, los que no transitan por carreteras de terracería ni se imaginan la mala condición de la mayoría de estas otras, por lo menos las registradas en Covial. Las carreteras municipales también tienen problemas, pero a cómo pueden los alcaldes las van reparando.

Basta ya de resignarnos a tener carreteras en estado de las de un país subdesarrollado —deplorables—. Con el dinero que Guatemala le ha asignado durante 20 años al Ministerio CIV, ya debería tener carreteras del Primer Mundo. Lamentablemente, ha sobresalido la corrupción y la falta de exigencia y control de calidad. Toca ya dar el paso a la modernidad y a la transparencia.

El proyecto que la Municipalidad y el Gobierno de Guatemala presentaron al Conapex el jueves 22 en el Palacio Nacional es la ruta para la reactivación económica después del impacto de la pandemia. Potenciar la economía requiere, entre muchas acciones y servicios, de carreteras en buen estado y transparencia en la construcción y en el mantenimiento. El gran plan de nación con una visión de 10 años es fundamental para que todos salgamos adelante, y si queremos tener más producción en el país y mejor movilización de los ciudadanos y de los productos, debemos lograr que el Congreso de la República vote por los cambios –aprobación de la ley 5461 y reforma al decreto 16-2010—. Debemos unirnos todos para lograr ese objetivo. Evidenciemos a quienes no quieren el cambio.