Desde hace dos semanas el interés de quienes siguen la política de El Salvador se ha centrado en la decisión de Nayib Bukele de acabar a como dé lugar con los despiadados e inhumanos mareros del país, agrupados en la Mara Salvatrucha y Barrio 18 —con ramificaciones en Guatemala— y liberar al país de décadas de virtual dominio en buena parte del territorio nacional. Al momento de escribir este artículo, 11 mil de los 70 mil malhechores han sido capturados con violencia, llevados a cárceles y colocados solo vestidos con pantaloneta y con las manos atrás de la nuca, lo cual permite ver sus horrendos tatuajes. Los reos condenados por otros crímenes son enviados a borrar las paredes pintarrajeadas para marcar los “territorios”. Las capturas continuarán, dice el mandatario.

Bukele ha sido criticado por organizaciones de derechos humanos, sobre todo las ilusas nórdicas, porque no respeta los derechos humanos de los delincuentes, a quienes no se les puede aplicar el apelativo de “presuntos”. La acción oficial fue el resultado de un abierto reto a la autoridad estatal luego de haber terminado una vergonzosa “paz armada” con las pandillas negociada al menos por los últimos tres gobiernos. En una sola noche asesinaron a 60 ciudadanos y las capturas se han reflejado en una notable disminución del número de homicidios, aunque sigue alto. Estamos hablando de un político con tendencias dictatoriales no desmentidas y por ello una de las razones de estas redadas es ganar el apoyo popular para la reelección. Pero el motivo de este artículo es otro.

Quiero referirme a mantener el derecho de cualquier criminal reincidente a dejar incólumes los derechos violados e irrespetados en contra de otros, inocentes o maleantes. No se trata de retomar el ‘ojo por ojo, diente por diente’, sino analizar con serenidad y elemental lógica si los derechos humanos son absolutos, es decir, ilimitados, totales, terminantes, imposibles de discutir, o si tiene límites, como todo otro derecho, lo cual debe ser así porque de lo contrario equivaldría a libertinaje. Un derecho cualquiera es la facultad del ser humano de hacer algo legítima y genuinamente, para obtener determinados fines o lograr metas. Y los mareros no cumplen con ninguna de esas condiciones debido a su accionar despiadado, inhumano, violento.

Es irreflexivo, además de indefendible e injusto, colocar en el mismo nivel a los crímenes cometidos por ciudadanos no delincuentes de profesión, con los de quienes viven del asesinato, secuestro, extorsión, chantaje y demás violaciones a los derechos humanos de la mayoría. Desde hace siglos, el beneficio de la mayoría es uno de los principios de la ética —aunque no el único— y entonces en este caso el beneficio de los millones de posibles víctimas de los mareros es superior al de estos criminales. Las cárceles también deben tener lugares específicos donde estén los mareros, quienes por supuesto deben recibir comida y es ahí donde Bukele yerra al publicar videos en redes sociales amenazándolos de hecho con matarlos de hambre. No importa si lo merecieran.

Las terribles realidades sociales de este momento, incrementadas por la tecnología en las malas manos, imponen la necesidad de ahondar los castigos a estos criminales, capaces de paralizar a un país. Las leyes tienen castigos y condenas muy duras, pero se vuelven inoperantes debido al riesgo a la vida de los jueces y autoridades policiales y en eso es fundamental el apoyo expresado públicamente por Bukele. Las más numerosas víctimas son los ciudadanos de menores ingresos, quienes agradecen tales acciones gubernativas y se convierten en votos para la reelección del actual presidente, decisión cuya proximidad es innegable por su poder omnímodo en el Congreso. Pero persiste riesgo de una dictadura alcanzada por los sufragios.