Entre las deficiencias o males que afectan al país al inhibir la inversión y por tanto el progreso, suele incluirse la falta de certeza jurídica. Concretamente voy a referirme al informe Doing Business 2019 —Haciendo Negocios—, publicado por el Banco Mundial, que investiga en 190 países las regulaciones que realzan o constriñen las actividades de negocios.

Suelo estar en desacuerdo con muchas de las políticas y programas del Banco Mundial, pero el informe Doing Business es la excepción. En la introducción declara que “los gobiernos tienen la enorme tarea de nutrir y hacer posible un ambiente para empresarios y empresas. Sin ellos no tenemos la oportunidad para acabar con la pobreza extrema e impulsar la prosperidad…” No podría estar más de acuerdo.

No es casualidad que las economías más prósperas, con los más altos niveles vida, tienen las posiciones más altas en la clasificación del índice de facilidad para hacer negocios. Tampoco es casualidad que los países más pobres ocupan las posiciones más bajas. Guatemala ocupa la posición 98 de 190, cercano al “centro”. Hay temas puntuales que destacan las fuertes debilidades de Guatemala como ambiente favorable para los negocios.

En la categoría “iniciar un negocio”, que incluye cantidad de procesos, días ocupados, costo y capital mínimo —como porcentaje del ingreso per cápita—, Guatemala ocupa la posición 89 de 190. En la categoría “obtención de permisos de construcción”, Guatemala ocupa la casilla 122, debajo de la media, principalmente por la complejidad regulatoria, discrecionalidad y tiempo —230 días promedio—. El país consigue una posición favorable (44) en el índice “obtención de energía eléctrica”, es cara, pero lleva pocos procesos y su suministro es estable. En el índice “registro de propiedad”, Guatemala ocupa la posición 86, ligeramente mejor que el promedio. El mejor punteo del país es en la categoría “obtención de crédito” (22 de 190), reflejo de un sistema financiero relativamente eficiente y competitivo. Hasta aquí vamos de regular a bien.

Guatemala ocupa la posición 174 de 190 en el indicador “protección de inversionistas minoritarios”, que refleja pobre calidad regulatoria en los temas de protección de inversionistas minoritarios con respecto a conflictos de interés y los derechos de accionistas. El indicador “pago de impuestos” recoge los impuestos que una empresa mediana debe pagar, la carga administrativa de pagarlos y labores de cumplimiento. En esta categoría Guatemala ocupa la posición 102. En “comercio sobre fronteras”, que incluye procesos, trámites, tiempos y costo, Guatemala está en la posición 83.

El tema es crítico en dos categorías importantes. El índice “hacer cumplir contratos” mide el costo y tiempo para resolver una disputa comercial en un juzgado de primera instancia, la calidad de los procesos judiciales y la eficiencia de los tribunales. En este indicador, Guatemala obtiene su peor calificación; ocupa el lugar 174, en el 10% inferior. En Guatemala toma, en promedio, cerca de cuatro años obtener una sentencia en primera instancia, para resolver una disputa comercial – hacer cumplir un contrato. Esto tiene gran peso en lo que se refiere a “falta de certeza jurídica”. Finalmente, en el índice “resolución de insolvencia”, Guatemala ocupa la casilla 156. Esto refleja, entre otros, la falta de una eficaz ley quiebra.

En resumen, el informe citado muestra que Guatemala está “regular” en muchos aspectos relacionados al ambiente de negocios, y puntualmente deficiente en algunos cruciales, especialmente la certeza jurídica. No hay misterio.

fritzmthomas@gmail.com