Cada año, el ministro de Finanzas presenta al Congreso de La República el Proyecto de Presupuesto para el siguiente año. Los diputados lo ven en términos generales y terminan aprobándolo con pequeñas modificaciones, pero nada importante. Como siempre, el presupuesto es político y desfinanciado. Sus gastos son gastos, son mayores que los ingresos tributarios, por lo que la diferencia se cubre con deuda. Lo sorprendente es que todos están tranquilos con este ejercicio anual. No debería ser así.

Para el próximo año, el Proyecto de Presupuesto está aproximadamente desfinanciado en un 40%. En vez de recortar los gastos a niveles de los ingresos tributarios, el Gobierno ha decidido volver a endeudarse exageradamente. La deuda del país sigue creciendo peligrosamente. No basta con decir que la deuda actual es baja por ser del 35% del PIB. Hay que recordar que representa el 355% de los ingresos fiscales. Esto sin tomar en cuenta la deuda al Banco de Guatemala y al IGSS. No preocupa que tengamos que pagar esta deuda con más impuestos e inflación a futuro.

La irresponsabilidad fiscal y el cortoplacismo de nuestros políticos y funcionarios públicos es impresionante y ofensiva. Pero hay que entender, a la luz de la teoría de La Escuela de Opción Pública, que los políticos actúan así, en forma racional, como cualquier persona común, persiguiendo sus propios fines e intereses particulares. Debemos entenderlo para saber cómo se van a comportar dadas las reglas del juego que tienen para ejercer su trabajo, votar por proyectos, aprobar presupuestos o emitir leyes. Tal como está nuestra legislación, los políticos tienen el incentivo para aprobar gastos sin su correspondiente fuente de genuinos ingresos. Cualquier excusa les satisface para justificar sus irresponsables endeudamientos públicos.

Por ello, es urgente que revisemos las reglas del juego para que quienes proponen y aprueban proyectos desfinanciados no lo puedan hacer. Estas reglas serían parte de lo que se conoce como una “Constitución Fiscal” en la que se prohíban los presupuestos deficitarios y desbalanceados, en los que se elimine la asimetría fiscal entre los que aprueba los gastos sin sus respectivos ingresos legítimos y se ponga un límite a la deuda pública. Esta Constitución podría contener detalles como limitar la ejecución de un proyecto si los ingresos previstos no se han recibido, por ejemplo. Y podría ir más allá obligando a los diputados a consultar a la población cada vez que quieran imponer un nuevo impuesto o subir una tasa de alguno que ya existe. Esta ida de la Constitución Fiscal no es nueva ni es mía, viene del trabajo de dos grandes economistas, James Buchannan y Gordon Tulock, quienes desarrollaron la teoría del “Public Choice”.

Recordemos que todo lo que da el Gobierno no es producido por el mismo, es extraído coercitivamente a los ciudadanos a través de los impuestos. La deuda pública interna y externa significa impuestos en el futuro. Y peor aún, la deuda emitida por el Banco de Guatemala será inflacionaria, puesto que emite dinero, aunque lo recoge por medio de otros mecanismos. Pero el dinero no es neutro, tiene sus efectos cada vez que se inyecta a la economía, así como cada vez que se recoge el mismo. El tipo de cambio será afectado por la deuda externa en corto plazo (cuando ingresan los dólares) y en mediano y largo plazo (cuando se pagan intereses y capital). La deuda interna presionará las tasas de interés al alza en mediano y largo plazo. En fin, no hay nada de lo que irresponsablemente está haciendo el Gobierno con nuestro endeudamiento que no tenga graves consecuencias, a corto, mediano y largo plazo.