El médico, el abogado y, en menor grado, el contador, son constantemente abordados por familiares, vecinos y extraños pidiendo diagnóstico o consejo gratuito. El economista no suele tener ese problema, excepto en temporada electoral, cuando los políticos aspirantes a puestos se ven obligados a formular propuestas concretas sobre cómo mejorar la situación económica del país. En su gran mayoría, los políticos no pasan de iterar los verbos de siempre: fortalecer, impulsar, dinamizar, modernizar y, otro particularmente vago, lograr una economía “más justa”. La política fiscal, la forma y cuantía de los ingresos y gastos del gobierno, tiene marcado efecto y consecuencia sobre el comportamiento de la economía.

Ante la pregunta ¿qué piensa de la política fiscal en Guatemala y qué debería hacerse?, mi respuesta suele ser, depende de los objetivos que se quieran alcanzar. Si por el lado de los impuestos está de acuerdo con que el ingreso per cápita en el país crezca a un promedio de 1% anual y cada año la economía crea menos de dos empleos formales por cada diez personas que buscan trabajo, por falta de inversión, entonces el sistema vigente es el adecuado. Si por el lado del gasto público, usted está de acuerdo con que 30 o 40% se va en gasto burocrático ajeno a las funciones esenciales del Gobierno y se les tira mucho dinero a sistemas inherentemente ineficientes, entonces el sistema vigente es el adecuado. Si usted cree que un quetzal adicional tiene más beneficio social en las arcas del Gobierno que en el bolsillo de quien lo produce, entonces el sistema actual es el adecuado. Si parte de la premisa de que la política fiscal tiene efectos económicos y quiere tener resultados diferentes, no se puede seguir haciendo lo mismo.

En esta oportunidad me referiré únicamente al aspecto tributario. El factor determinante para el crecimiento económico, el aumento del ingreso per cápita y la creación de empleo, es la inversión. Las ganancias de las empresas y los ahorros de las personas son los recursos producidos no consumidos que pueden ser empleados para invertir y producir. El impuesto progresivo sobre la renta tiene por lo menos dos efectos negativos claros sobre la inversión. El primero es que eleva el costo de producción, sube la barra de la rentabilidad. El segundo es que drena el pozo del cual tienen que salir los recursos dedicados a producir. Una economía desnutrida de inversión, incapaz de crecer y generar empleo, no puede darse el lujo de tener altas tasas progresivas de impuesto sobre la renta.

Si usted me dijera que le gustaría ver que la economía creciera 10% al año, le aconsejaría que eliminara el impuesto sobre la renta o, lo que es igual, lo dejara en tasa cero, por lo menos durante 15 años. Eliminar el “impuesto de solidaridad”, originalmente “temporal”, por los acuerdos de paz, un impuesto al capital, el recurso que produce. Los índices de inversión extranjera y directa se dispararían, veríamos una Guatemala muy diferente en una generación. Usted me diría que esto no se puede hacer, a lo que le respondería, entonces no espere que la economía crezca 10% al año. Si se quiere ir a plan B y conseguir que la economía crezca a un ritmo de 5-6% anual, le aconsejaría bajar las tasas de impuesto sobre la renta a 5% para personas individuales y 10% máximo a empresas y personas jurídicas. Además, las empresas no pagarían impuestos sobre utilidades que no se repartan y se reinviertan. Estos consejos aplican si se quiere provocar marcado dinamismo en la economía y creación de empleo. Si el objetivo es otro, quizás no aplique.