El viernes hubo en Estados Unidos dos decisiones controversiales. La Corte Suprema, sobre el aborto, y el Congreso, tímidamente limitó la compra de armas, ambas causantes de manifestaciones de posturas contrarias. Ambas se relacionan con el respeto a la vida humana, antes o después del nacimiento, y por ello entran de lleno en la ética, en escoger cuál acción es buena y cuál es mala. Como siempre, el lenguaje es fundamental y viene al caso porque se habla del “derecho” de esas acciones. La palabra significa en el Diccionario de la Lengua Española “facultad humana para hacer legítimamente lo que conduce a los fines de su vida”. Y el Diccionario Panhispánico Jurídico lo describe como “facultad de una persona, derivada de relaciones jurídicas con otros sujetos”.

En lo personal me choca el uso de “derecho” para cometer asesinatos, por ser “dar muerte a alguien en circunstancias graves como la alevosía” —indefensión de la víctima—. Se aplica en ambos casos. Comparto el criterio de calificar así al aborto, porque una mujer decide matar a un ser indefenso localizado temporalmente en su vientre. No deja de serlo, pero se justifica al ser un mal menor cuando la vida de la madre está en peligro comprobado, o cuando lo causa una violación. Entonces se puede hablar de un aborto obligado por agravantes, como no existir el deseo de concebir de parte de la mujer agraviada. Aun así se debe respetar la decisión de una mujer de continuarlo. Casos distintos son las fiestas desbocadas o la insistencia en arriesgarse a un embarazo.

Algunas personas ven al aborto como algo éticamente superior a la adopción. Además de la muerte del niño, impiden a parejas deseosas de adoptar y por ello es triple el daño, al rechazar de hecho la adecuada educación sexual. La responsabilidad individual de un aborto puede permitir a quienes lo comentan o juzgan el análisis de las circunstancias, y porque practicarlo por personal no calificado también pone en riesgo a la mujer. Por eso, un estado laico debe permitirlo en hospitales con médicos cuyas convicciones personales lo aceptan, pues no se puede imponer a nadie practicarlo. Como queda claro, es un tema complicado por sus muchas aristas, donde chocan la ética y la ley, esta última no obligada a tomar acciones morales, sino simplemente legales.

Una timorata decisión

Congresistas y senadores republicanos y demócratas aprobaron tímidas restricciones a la libre portación, compra y venta de armas, pocos días después de abolición por la Corte Suprema de abolir una ley de Nueva York, vigente desde 1911 por la cual era prohibido a los civiles exhibir armas en público. Las limitaciones, a pesar de ser las primeras en décadas, son timoratas porque permiten —por ejemplo— andar por las calles con un arma Magnum 357. Demuestra, además, la necesidad de insistirle a duchos políticos pensar con la cabeza. En el Senado votaron en contra 33 de sus 100 miembros, y en el Congreso, 193 de los 357. El 33 y 40 por ciento, respectivamente.

La decisión queda corta porque permite a menores y adultos adquirirlas sin previo análisis psicológico. También se enfrenta al absurdo criterio del derecho a tener incluso rifles de asalto alterados para hacerlos más mortales. La segunda enmienda constitucional fue escrita hace 231 años en circunstancias distintas y hoy la aplicación sin límite significa adquisición de armas de letalidad inmensa. Para evitar su uso por criminales debe haber más controles, como hacer ilegal su tenencia y portación, así como cambiar legalidades por las cuales se permite a un joven de 18 años comprar un AR-15 o su equivalente, pero no obtener licencia de manejar un vehículo.