Como decía en el artículo anterior, en el diseño mismo de la arquitectura del Estado guatemalteco, las élites nunca se cerraron la puerta al ejercicio del poder. Quizás muchos de sus integrantes pensaron que, en el fondo, ellos siempre sabrían qué era lo mejor para todos. Pero, precisamente, a la raíz del nacimiento del “Estado moderno” está el descubrimiento tan bien sintetizado en el dictum de Lord Acton: “El poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente”.

Los reformadores que tanto en Estados Unidos como en Europa occidental plasmaron los elementos fundamentales del Estado moderno convencieron a las élites —a veces le impusieron a las élites— la noción de que nadie, simplemente nadie, puede ser superior a la Ley. Pero, ¿qué significa eso, porque la Ley no se hace valer a sí misma?

Eso significa, ni más ni menos, contar con un cuerpo de honoratiores, es decir, de funcionarios honorables que, con toda independencia —hay que subrayar “toda”— decidan las disputas que puedan presentarse bajo la Constitución y las leyes del Estado y que, entre los poderes del Estado existan unos “frenos y contrapesos” de tal manera que, recurriendo a la idea acuñada por Montesquieu, “el poder limite al poder”.

Pero, por generaciones, las élites de Guatemala han plasmado el ideal del imperio del derecho, como un café ralo. En sus constituciones y en sus leyes se evocan los principios, mas, al articular los medios para hacerlos efectivos, se vuelve al “antiguo régimen”. Quizás el proceso constituyente de 1984 sea el más reciente de esos momentos en el “contrato social” de Guatemala formulado en términos y condiciones “premodernos”.

Ahora bien, no hace mucho, poco más de un par de años, se puso sobre la mesa una oportunidad de dar un paso muy importante hacia la modernidad. Me refiero —como en otras ocasiones— a la propuesta de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala. Era una reforma integral del Poder Judicial, abarcando otros elementos del sistema, como el Ministerio Público, la Corte de Constitucionalidad y la Carrera Judicial.

La reacción por parte de las élites fue la misma. Muchos de sus miembros no sospechaban, sino que sabían que era una reforma para quitarles poder y trasladárselo a uno de los poderes del Estado, tradicionalmente débil. En efecto, la técnica más eficaz que las élites han encontrado para ser el verdadero último árbitro del régimen es que el Poder Judicial —realmente todo el sistema de justicia— sea débil.

Algunos opinan que, realmente, es por medio de la posibilidad de controlar los procesos electorales, de controlar a los partidos políticos o de negociar con los “dueños” de estos que los sectores que las élites dirigen consiguen ejercer “el poder detrás del trono”. Y esto, en parte, creo yo, es así. En no pocas ocasiones el factor decisivo del resultado de una elección ha sido la decisión sobre a quién se financia con más determinación.

Pero esta deformación del sistema democrático solo ha podido existir al “amparo” (qué paradoja que esta palabra sea aplicable al derecho y al revés) de un Poder Judicial y de una revisión constitucional carentes de independencia. El paréntesis durante el cual esto se revirtió es el de la última etapa de funcionamiento de la Cicig y, por tanto, nada puede extrañar que se haya vuelto una batalla en la que los partidos y “el establishment” estuvieran del mismo lado. (Continúa)