El pésimo manejo de la pandemia, del proceso de vacunación, de la reconstrucción por las tormentas del año pasado y el modo equivocado de afrontar los seculares problemas que tiene el país indican que la nación se hunde como un barco a la deriva.

El Gobierno perdió el control. Más aún, parece que no tenemos gobierno. Además, la soberbia, el autoritarismo y el desprecio por la vida de la gente, que les ha caracterizado en estos 18 meses, nos tienen en el abismo.

A esto sumamos que los organismos de control para el funcionamiento del Gobierno, como la Corte de Constitucionalidad, el Ministerio Publico, la Contraloría General de Cuentas y la Procuraduría General de la Nación están cooptados y quienes los dirigen carecen de ética, de profesionalidad y de eficiencia.

La situación se agrava porque la cúpula de las instituciones de justicia (Ministerio Público, Corte Suprema de Justicia y Corte de Constitucionalidad) se encuentra al servicio de las redes de impunidad y comprometida con retroceder y destruir los logros de la Cicig y de la lucha contra la impunidad.

Como ciudadanos estamos atrapados y como nación, sin salida. Quienes están en el poder van consolidando un sistema perverso que ahora se empeña por tener el control del sistema de justicia que les garantice impunidad en sus actos criminales y dejar a la ciudadanía en situación de abandono.

Son los mismos que se esforzaron por expulsar a la Cicig, cuyo mandato era la desarticulación de redes criminales y el fortalecimiento del estado de Derecho, pero Jimmy Morales y sus secuaces se pusieron al servicio de un sistema corrupto y fallido, de modo que tiró por la borda los anhelos de justicia que despertaron desde las plazas en el 2015.

El gobierno de los Estados Unidos somató la mesa esta semana e hizo cimbrar el sistema de justicia ya podrido, desde la cuestionada Corte de Constitucionalidad, pasando por la CSJ y abogados, hasta llegar a ciudadanos de fundaciones de derecha, racistas y militaristas. Todos ellos se han caracterizado por obstaculizar el desarrollo de una justicia independiente, objetiva, imparcial y libre de conflictos de interés; por debilitar la democracia y alentar la corrupción e impunidad.

Por su parte, el Estado y grupos de poder han incrementado su dinámica de criminalizar a personas e instituciones que han demostrado su convicción y compromiso por Guatemala.

Esto explica los ataques permanentes a los que se ven sometidos los actores que luchan en favor de la justicia, como los fiscales de la Feci, liderados por Juan Francisco Sandoval; jueces honestos e imparciales como Erika Aifán, Yassmin Barrios, Miguel Ángel Gálvez, Pablo Xitumul; periodistas independientes como Michelle Mendoza, Jose Rubén Zamora, Marvin del Cid y Sonny Figueroa, y miembros de la sociedad civil, como las diversas ONG que luchan por la justicia, la paz y la defensa de los derechos humanos.

Criminales en el poder, ¡nunca más! Deben ser sometidos al rigor de la justicia. Es necesario, además, un movimiento ciudadano organizado y plural, incluyente y fuerte, con la participación de campesinos, indígenas, obreros, estudiantes, profesionales, migrantes y retornados, junto a líderes sociales que no tienen vínculos con la vieja política.