Desde hace días circula un documento preparado por el Cacif, cuya imagen es representar a la totalidad de integrantes del llamado sector económico superior del país. Creo importante leerlo y sobre todo remarcar algunas de sus propuestas, contrarias a como se ha visto el pensamiento económico social político de esa entidad. Se le identifica como un criterio, si no unánime, representante de una abrumadora mayoría del sector. Y, como siempre ocurre, las críticas más profundas provendrán de algunos de sus integrantes, en contraposición a criterios, a mi juicio, emanados de una concepción distinta del papel de ese sector no solo en lo puramente económico, sino, sobre todo, en lo político (no politiquero o electorero), porque son pétalos de una misma flor.

Desde el principio, el informe señala a la lucha contra la corrupción en todos los niveles y variantes como motivo de la falta de cambios en los fines de los gobiernos ni procesar a funcionarios públicos venales, estructuras de negocios sucios, cuyo combate lo atribuyen a los Estados, pero también a una fiscalización de la sociedad civil, con presencia pública importante. Para esto urge unificar a los buenos ciudadanos deseosos de combatir la corrupción. El reto es cómo evitar el fracaso de esos esfuerzos. El Cacif califica a su documento como una fuente de discusión y debate social, pero resulta algo arrogante señalar a la entidad de ser una de las primeras instituciones nacionales denunciadoras de la corrupción. Esto causará discusiones inútiles.

En vista de la poca efectividad de la Contraloría de Cuentas, por razones diversas, el Cacif sugiere crear un “poder contralor de la administración” con independencia de los tres poderes del Estado. Falta conocer cuál sería su nivel de importancia, el proceso de su integración, la fuerza dentro del Estado, condiciones para ser aspirante, los criterios y condiciones para ser elector, quién elegirá a los miembros y sobre qué criterios, y cuáles condiciones deberán llenar quienes eligen. También es interesante la relación necesaria entre la Ley de Servicio Civil y las condiciones de las entidades autónomas (Usac y municipalidades), lo cual lleva a la discusión sobre los alcances de esa autonomía, porque al ser mal utilizada provoca situaciones como las actuales de esas dos entidades.

Otro tema espinoso, pero urgente: elección y funcionamiento de las cortes, ahora hundidas en el desprestigio, la Suprema, la de Constitucionalidad y el Tribunal Supremo Electoral. Sus errores, según unos, o malas artes, según otros, se manifiestan con claridad en la tragedia actual del país desde hace varios años. Se sugieren procesos donde se califiquen los méritos profesionales, y separar las funciones administrativas. Este criterio es casi imposible de rechazar. Y en cuanto a lo electoral, elegir diputados por voto directo ciudadano, no por listas cerradas; otorgar más derechos a los afiliados y nuevos reglamentos de los partidos. Me pregunto: ¿hay partidos en Guatemala? En cuanto sea fundado el primero, me gustaría saberlo para celebrarlo…

Al sugerir la creación de un Consejo Nacional de Reforma del Estado se debe también expresar el cómo y por quiénes se integra, eso mismo debe decirse ante la sugerencia de crear un Defensor del Pueblo (ombudsman) para verificar abusos de poder, acciones ilegales y comportamientos antiéticos en la función pública. Resalta la divulgación de los logros de los representantes del sector privado en las empresas estatales. Igualmente, propone divulgar los lineamientos internacionales para las empresas privadas y establecer criterios para reducir la discrecionalidad burocrática. Este artículo solo desea expresar la necesidad de ser obligatorio el cumplimiento de todos. Una ley, como debe ser, basada en principios éticos sobre los cuales las leyes deben funcionar.