La Corte Suprema de Justicia, al amparar en forma definitiva a Zury Ríos y por ello posibilitar su participación en estas elecciones, tan confusas —por decir lo mínimo—, tomó una decisión causante de críticas y apoyos políticos, todos interesados, lo cual en realidad no debe sorprender a nadie. Los electores serán ahora los llamados a decidir el futuro político de una de las integrantes de la trilogía de mujeres con posibilidades de ganar. A mi juicio es insostenible la ley para prohibir la participación de los integrantes de las cuatro generaciones posteriores a un golpista, por lo cual lo más conveniente es eliminar esa disposición, pero resultan indefendibles los argumentos utilizados para autorizar la participación del binomio Ríos-Molina Barreto.

La decisión se basó en un artículo constitucional garante del derecho de elegir y ser electo. Por ello, si todos los ciudadanos lo tienen, es necesario eliminar cualquiera de las otras limitaciones legales. Debe autorizarse entonces la participación de soldados, presidiarios, ministros del culto, pero sobre todo eliminar la prohibición de ejercer la presidencia a la mayoría de la población, es decir, aquellas personas de edades comprendidas entre 19 y 39 años. El derecho de elegir y ser electo está siendo considerado superior al resto. El hecho de tener menos de 40 años no implica necesariamente falta de madurez ni tampoco lo garantiza lo contrario —factor fundamental para presidir el Ejecutivo. Y en el Congreso ha habido diputados cuyas edades se encontraban en este conjunto.

Eso de lo decidido por la Corte Suprema de Justicia, aunque no se hayan percatado porque su fallo tiene además el problema de tácitamente tomar en cuenta la participación anterior de Zury Ríos, y con ello el error se convirtió en fuente de derecho. Reitero: la ley en cuestión es insostenible desde todo punto de vista, pero mientras exista debe obedecerse y el hecho de haberse logrado una interpretación favorable no significa justificación idiomática, factor importante porque el lenguaje es la base última del derecho, y en el caso de fallos político-jurídicos (o jurídico-políticos) el Diccionario de la Lengua Española se vuelve fundamental, e incluso hay un precepto según el cual ante la duda del significado de un término, prevalece la definición oficial.

Dentro del tema de la tríada femenina electoral de este 2019, también se debe mencionar el caso de Thelma Aldana, centro de ajetreos político-jurídicos y con riesgo de ser desbancada a pesar de haber sido inscrita y por ello contar con el derecho de antejuicio. El Tribunal Supremo Electoral señala ahora “que no está firme”, y esto motiva una explicable y nueva duda sobre esta institución y sus integrantes. De nada sirve, entonces, ser inscrito, porque es “para mientras”. Pedirle a los seguidores de Aldana y al resto de electores entender esto es tarea difícil y por ello el TSE debe explicarlo, sabiendo de la suspicacia generalizada. Vencer dudas en política es un reto casi imposible de vencer. Y el TSE se encargó de debilitarse, con su reciente intento de censura.

Por su parte, Sandra Torres tiene, a mi juicio, serios problemas. El principal es haber eliminado a su círculo político más cercano, entre ellos Mario Taracena, autor intelectual y hábil negociador de los cambios a la Ley Electoral, cuyo principal objetivo fue siempre beneficiar a los candidatos ya conocidos a causa de su participación en anteriores comicios. Termino este artículo con una referencia a los efectos causados entre los votantes por tanto arrumaco legalista. Dos millones de ellos no recogieron sus documentos autorizados. El ausentismo puede ser de un 25% y con ello el número para ganar en primera vuelta se reduce y es asequible. Ocioso sería preguntarse quiénes son los beneficiados por todo este enorme maremágnum político.