Estados Unidos
Al grano
Cuando la academia y los colegios perdieron su brújula
Ni se convirtieron en buenos postuladores ni conservaron lo que tenían de colegios y academias.
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Los constituyentes del 84 y el 93 actuaron bajo una premisa que, en su momento, parecía cargada de idealismo republicano: involucrar a las universidades y a los colegios profesionales en la selección de magistrados y funcionarios clave. Se asumía que la Universidad de San Carlos, las universidades privadas y el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) eran entidades “más allá de la política”, reservas morales y técnicas capaces de “postular” a los mejores perfiles para el Estado.
Para la sociedad guatemalteca también es un alto coste prescindir de una academia independiente y unos gremios profesionales robustos.
Cuarenta años después, el diagnóstico es irrefutable: el experimento falló. Lo que debió ser un filtro de excelencia se convirtió en un mecanismo de desnaturalización institucional que ha dañado tanto al sistema de justicia como a la esencia de la academia y el gremialismo.
El diseño original esperaba un rol activo de las comisiones. Se pensó que ellos buscarían y “postularían” a ciudadanos de reconocida honorabilidad y capacidad. En la práctica, las comisiones de postulación han derivado en “agencias de empleo” burocráticas. Su labor se limita a recibir y puntear expedientes mediante tablas de gradación que, a menudo, priorizan cartones sobre méritos reales, mientras las verdaderas decisiones se negocian en las sombras.
Este sistema ha provocado un daño colateral devastador: la politización de las aulas y de los gremios. Para controlar las cortes, los grupos de interés comprendieron que primero debían controlar las decanaturas y las juntas directivas profesionales. Como consecuencia: dejando a salvo raras excepciones, las universidades han visto adulterada su libertad académica. En lugar de ser espacios de convergencia para la investigación y la búsqueda de la verdad científica, muchas se han convertido en plataformas de lanzamiento político, distrayendo recursos y esfuerzos de su misión educativa.
Los colegios profesionales han descuidado su función primordial: regular, ordenar y disciplinar el ejercicio de las profesiones liberales. La ética gremial ha pasado a segundo plano frente a la logística de las campañas para elegir comisionados o magistrados.
Guatemala enfrenta hoy una tragedia institucional doble. Por un lado, las comisiones no cumplen su fin de dotar al Estado de los mejores cuadros; por el otro, hemos perdido la esencia de nuestras instituciones académicas y profesionales. No se puede investigar con rigor científico ni ejercer una profesión con ética si, con demasiada frecuencia, el objetivo final es la captura de una magistratura para favorecer intereses particulares.
La “judicialización de la política” encontró en este modelo su caldo de cultivo ideal. Al convertir a rectores, decanos y abogados en electores de magistrados, se les introdujo por la fuerza en la arena del cabildeo y la transacción, donde la verdad científica y la probidad legal suelen ser las primeras bajas.
La solución no admite más parches; requiere una cirugía constitucional profunda. Es imperativo desvincular a las universidades y colegios profesionales de los procesos de postulación. Debemos devolver a la academia al mundo del saber y a los colegios al mundo de la ética profesional. El camino hacia un sistema de justicia independiente pasa por la creación de una carrerajudicial con estándares internacionales, basada en el mérito, la evaluación constante y la permanencia. Solo articulando mecanismos reales de “frenos y contrapesos” —donde los poderes del Estado cumplan sus funciones naturales con transparencia— podremos rescatar nuestras instituciones. Es hora de admitir que las expectativas un tanto románticas de los constituyentes no fueron suficientemente realistas y que el prestigio de la academia y los ilustres colegios no debe seguir siendo el escudo de la ambición política.
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