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Catalejo
De nuevo hay tropiezos para cambio en el MP
Guatemala es un Estado donde no es posible confiar en el respeto de cualquiera de los derechos individuales.
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La Corte de Constitucionalidad complicó de nuevo la escogencia de quien sustituirá a Consuelo Porras. Otorgó un amparo provisional, cuyo fin práctico en la mayoría de los casos es atrasar procesos legales, solicitado por Raúl Falla, relacionado directamente con Méndez Ruiz, mandamás de Fundaterror. Ayer por la tarde terminó una acalorada discusión: tres votos a favor, de Roberto Molina Barreto, Dina Ochoa y Julia Rivera, y dos en contra, de Astrid Lemus y Anabella Morfín. Esa orden le dio un plazo perentorio, de cuatro horas y bajo apercibimiento a Bernardo Arévalo para devolver los documentos, y 48 horas para hacer nuevas escogencias entre los aspirantes, es decir hasta la medianoche del sábado. Demasiado obvio, a mi parecer, sobre todo porque ese calificativo es una innecesaria demostración de fuerza.
El amparo provisional de la CC solo atrasa el proceso de cambio en el MP y beneficia indirectamente a la fiscal general.
Se comprueba un contubernio porque si, como dicen los proponentes, hubo errores o malas intenciones, en realidad beneficiaron a la controversial funcionaria, quien evidentemente y por su accionar oscuro en demasiadas ocasiones de los ocho años de sus dos períodos, participó y contribuyó tras bambalinas. Desde el punto de vista jurídico, los amparos y demás trabas, conocidas popularmente como güizachadas, son naturales, justificados, y así debe ser porque es un derecho. Pero para la población en general, interesada en el fondo, no en la forma, provocan aún más desconfianza acerca de la manera como se ejercen las leyes del país y afianzan el convencimiento del tortuguismo del sistema, como parte de la corrupción y de la mala aplicación de la ley.
Algo perentorio es un último plazo, definitivo, sin prórroga ni réplica. El resultado de la confrontación verbal y el resultado es necesario analizarlo desde otros puntos de vista. Ese 3–2 en porcentaje significa 60-40, pero en la realidad es un solo voto el fundamental. Al haber votado a favor, el presidente Molina Barreto desempató los resultados y debe ser considerado responsable, porque inclinó la balanza para afectar por cuatro años más al sistema jurídico. Por aparte, la calidad de perentoria de la orden de la CC obliga a realizar la nueva escogencia en un tiempo mínimo. El resultado tiene altas probabilidades de ser contraproducente, al penetrar personajes aún más problemáticos. Esos plazos tienen una razón y eso es notorio, como ver a un elefante a cinco metros.
Todo esto es efecto claro e indudable de la manera poco clara del actuar entre muchos de los integrantes de todas las entidades participantes en las escogencias, una también clarísima muestra de la irresponsabilidad para el beneficio del país. La mala intención de quienes votaron a favor se comprueba también con esa velocidad con la cual deberán actuar de nuevo los votantes para integrar la comisión. Si hay dudas acerca de las cualidades éticas de algunos de ellos, o de todos, en todo caso debería haberse ordenado la repetición del proceso. Pero en vista de no haber tiempo suficiente para hacerlo y la posibilidad de más trabas, la entidad jurídico-político mencionada actuó como lo hizo, aunque con una división fundamental de dos votos en contra.
A mi juicio, la CC necesita urgentemente cambios, como por ejemplo permitir un solo voto disidente. De alguna manera, también, darle alguna posibilidad al análisis del espíritu de las leyes, no solo a la letra muerta, y junto con otras entidades del Estado crear una especie de tribunal de honor para sancionar a quienes las integran o abusan de los derechos legales. Se comprobó de nuevo cómo la figura del amparo, sobre todo cuando es provisional, se ha convertido en una cáscara de banano podrido puesta en el camino del sistema jurídico para facilitar o provocar resbalones y caídas o para comprar tiempo en beneficio de alguna de las partes. En resumen, Guatemala es un Estado donde no es posible confiar en el respeto de cualquiera de los derechos individuales.
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