Vivir en una mentira es una actitud más frecuente de lo que podría pensarse. En lo individual, acudimos a esa forma de confrontar determinadas situaciones ingratas y evadir cierto grado de culpa o responsabilidad. Pasamos los semáforos en rojo alegando miedo insuperable a ser asaltados, y justificamos tranquilamente nuestra irresponsable conducta. Llegamos tarde a las citas y culpamos de la impuntualidad al tráfico.

Pensamos que los hijos de los demás son quienes beben o prueban la mariguana, pero jamás los nuestros. Nos convencemos de que no estamos gordos, cuando el espejo dice lo contrario, así que le echamos la culpa para tranquilizarnos. En definitiva: nos satisface más ver la mentira vestida que la verdad desnuda, tal y como predijera Gerôme en una preciosa fábula. Algunas técnicas de coaching saben mucho de eso.

En lo social no somos diferentes. Organizamos instituciones y procesos que se sustentan en mentiras vestidas de legalidad porque es necesaria la ley para refrendarlos y legalizarlos, aunque no necesariamente hacerlos justos. El actual proceso de elección de jueces y magistrados —por medio de las comisiones de postulación— es uno de ellos, quizá el más disfrazado.

Para manejar y manipular las comisiones se ha hecho de todo, ¡aunque siempre legal! Se crearon universidades fantasmagóricas para contar con representantes en dichas comisiones. La última de ellas, la universidad Regional, fundada por el delincuente Manuel Baldizón. Se han nombrado decanos ad hoc para los procesos de postulación, con la finalidad de compincharse con otros y así contar con cierta cantidad de votos que permitan la trampa. Las tablas de gradación —de puntuación— se confeccionan en el momento previo a la selección con lo que, incluyendo, aquí o allá, algunos méritos o bien ponderando la puntuación a gusto del consumidor, se puede promover tal o cual grupo o persona. Después de múltiples discusiones sobre la aplicación de dicha tabla a los expedientes de los postulantes, se establece un orden —lo más objetivo del proceso, sin ser totalmente fiable— y se elabora un listado por puntuación. Todo lo anterior, sin embargo, queda descalificado cuando —independientemente del orden establecido-— los postuladores votan discrecionalmente por quienes integrarán la nómina definitiva que remitirán al Congreso, sin tener que observar la puntuación indicada, para la que tomaron horas de discusión y análisis. Entonces, ¿de qué sirvió todo aquello? Es de esa cuenta que la nómina final incluye aspirantes altamente puntuados, otros muy mediocres y algunos más que jamás deberían estar ahí.

En el Congreso ocurre algo similar. Llegado el listado, los diputados elegirán como deseen —arbitrariamente— y, no siendo necesario observar ninguno de los criterios seguidos, se consumará lo pactado desde el principio: serán nombrados jueces y magistrados aquellos que estuvieron en el radar de quienes manejan los hilos de estas mentiras vestidas de legalidad.

Las alternativas de grupos que se dicen promotores de la reforma judicial no pasan de quitar un calzón a esa mentira nacional y ponerle otro, porque al final ninguna de esas propuestas apuesta por la objetividad y todas permiten que alguien o algunos elijan a los jueces, en lugar de poner una barrera de conocimientos, experiencia y honorabilidad, y quienes la superen sean designados en función de la calificación más alta o bien por sorteo. Estas dos últimas formas, las más objetivas, no se incluyen en ninguna propuesta porque se perdería lo que todos persiguen: nombrar a sus jueces, a los que como grupo creen mejores que los del contrario.

Y para vergüenza nuestra seguimos con la verdad desnuda escondida y la mentira vestida de traje de fiesta.