Un grupo de connotados médicos guatemaltecos han expresado públicamente su solidaridad con el doctor Román Carlos Bregni, ahora víctima de presiones y hasta amenazas, un juicio absurdo, cuyo rechazo por las autoridades jurídicas del país debe ser inmediato. El acusado expresó su opinión acerca de las razones por las cuales los precios de las medicinas en Guatemala muchas veces son estratosféricos, lo cual puede comprobarse con el simple procedimiento de ir a Santa Ana, en El Salvador, o a Tapachula, en México, y comprar allí a la mitad de precio la misma medicina. No estoy hablando de medicinas genéricas, sino de marca. La conclusión es obvia: alguien está obteniendo una ganancia excesiva a costa de la salud de los guatemaltecos.

El caso toca un tema de fundamental importancia: la libertad de expresión. Un ciudadano publica una opinión, basada en hechos, y la persona señalada monta en cólera, contrata a un abogado desconocedor de esa ley, como desgraciadamente hay muchos. Y este profesional no le informa de la libertad constitucional del autor del comentario de actuar como lo hizo, pero además, el haberlo realizado a través de un medio de comunicación coloca el caso en el ámbito de lo expresado por la ley de emisión del pensamiento, de rango constitucional. Se necesita un juicio de imprenta por un tribunal de esa materia, el cual, luego de un largo proceso, decide si hubo injuria, calumnia o difamación y remite el veredicto del jurado específicamente integrado para ese caso.

No importan los nombres del ofendido ni del abogado litigante. Es un asunto más abstracto, de principios legales y beneficio para la sociedad. Jurídicamente es un hazmerreír, y solo se justifica si existe algún oscuro acuerdo con el juez, para de esa forma crear un precedente nefasto para la expresión de todos los ciudadanos. Los médicos firmantes del documento de defensa señalan “las formas encubiertas y probablemente ilícitas” cometidas por algunas empresas farmacéuticas al amparo de la corrupción. Este ataque contra el doctor Carlos abre la atención ciudadana al tema de los precios de las medicinas, pero sobre todo del lucro excesivo. Y los firmantes son dignos de felicitar porque salen en defensa de un colega a quien se le amenaza con acciones fuera de la ley y también pseudolegales.

La sal debe ser yodada

He mencionado varias veces el peligro de acciones negativas realizadas casi a oscuras por Jimmy Morales durante los 40 días faltantes para su salida. Decidió eliminar la fortificación con flúor y yodo de la sal “artesanal” consumida por los guatemaltecos. En la práctica, eso significa toda la sal. Los salineros guatemaltecos han gestionado desde 1992 la eliminación de esa norma. Y si bien la disposición de colocar obligatoriamente estos dos elementos podría afectar a 50 mil personas, esa cifra es mínima al compararla con el beneficio para la totalidad de la población, es decir unos 15 millones. Todo esto se necesita por ser la única forma de los ciudadanos, sobre todo los niños y jóvenes, de evitar afectar las condiciones de la salud en general.

Los datos sobre estos beneficios tienen como fuente la Organización Panamericana de la Salud, el Incap y la Comisión Nacional de Salud Bucal. El ministro de Salud Pública no tiene alternativa: debe dejar sin efecto dicho acuerdo gubernativo, incluso antes de recibir la orden de la Corte de Constitucionalidad. La solución debe buscarse en encontrar maneras de facilitar a los salineros artesanales poner en manos de la población un producto carente de elementos ya antes colocados a causa de una ley específica. El costo, según la OPS, es de entre 2 y 5 centavos de dólar por persona al año, es decir entre 15 y 37 centavos de quetzal. Cada guatemalteco consume cinco gramos de sal por día, cuatro libras al año. A mi juicio, se trata de una decisión presidencial con dedicatoria.