Esta semana, y eso no extraña a nadie, han aumentado las arremetidas contra el cambio de gobierno, así como las defensas legales para explicar por qué ese hecho es improrrogable. La duda sigue en algunos ciudadanos, aunque los ataques sean inútiles, ilegales, o de interpretaciones legales cuestionables. Son motivo de comentario, y también la integración del gabinete, el cual debe ser visto como lo es, en realidad, el inicial y por ello sujeto a cambios en un tiempo talvez muy corto, por razones fluctuantes entre las crisis políticas, el aburrimiento de sus integrantes ante las presiones de todo tipo y el descubrimiento de haber sido una arriesgada decisión llegar a un puesto político sólo con experiencia técnica y para defender intereses gremiales, aunque sean legítimos.

Según un criterio, quienes juramenten al nuevo binomio, serán cómplices de un fraude electoral “evidente y notorio, que no exige ulterior demostración” (¿?) por los documentos presentados por Consuelo Porras vía el juez Orellana porque Arévalo es secretario general de Semilla, y está inhabilitado para recibir el cargo. El Congreso puede romper el quorum para impedir el traspaso, lo cual provocaría una “falta permanente” del nuevo presidente y luego elegir a alguien para “completar” el período, aunque éste no se hubiera iniciado. ¿Cómo así? Sería una nueva elección y llevaría a los cargos a cualquier binomio de ciudadanos aunque jamás hayan participado en una elección ni en una campaña. Terminarían 40 años de la etapa de democracia electoral. Olor a güizachada…

Por otro lado, según opinión de Mario Fuentes Destarac, ex decano de derecho y expresidente del colegio de abogados, la crisis se debe a no haber aceptado al TSE como encargado por la Constitución de todo lo relacionado con las elecciones, sin excepción: organización, inscripciones, revisiones, nulidades y oficialización de resultados y sobre todo la validez de los precedentes. La Corte de Constitucionalidad abandonó su campo legal al ordenar la revisión de los votos y otras objeciones. Pero sobre todo, a cómo se debe actuar si el secretario general de un partido es candidato: sencillamente cancelar el nombramiento y por ello no cabe invocar incompatibilidad para la juramentación de Arévalo. Resultado: ésta sólo puede eliminarse por motivaciones politiqueras.

En cuanto al gabinete: las críticas han llegado de posiciones extremas de izquierda o derecha. Esta última se centró en la desafortunada frase de campaña de “gobernar sin CACIF”, pronunciada por Samuel Pérez, fuente de nuevos problemas para Arévalo, quien se vio obligado a poner distancia. Señaló además la participación de exministros, entre ellos quien en Gobernación sirvió a Sandra Torres, quien mandaba. Del otro lado del espectro, se acusó al presidente electo de haber creado un gabinete “blanco”, “sin representación indígena”. Por aparte, sólo el binomio, el ministro de la defensa y las ministras de Trabajo y de Cultura llenaron el obvio código de vestimenta, traje completo y corbata, y vestido sastre para las señoras. Yo, les reclamaría y les ordenaría no repetirlo.

Merece comentario la “paridad” o empate entre hombres y mujeres. No es justificable ni justo si la escogencia de ellas se basa en tal criterio, no en la capacidad y en las cualidades profesionales y personales. Sólo el tiempo permitirá comentar los resultados. Otra realidad: las batallas se enfrentan con las armas disponibles, es decir escoger entre quienes desean y pueden, están dispuestos a arriesgar su prestigio y a ser víctimas de ataques politiqueros y descalificaciones internas y externas. Eso les espera y deben tenerlo claro. Para finalizar, el discurso de Giammattei fuera de la capital, a causa de sus características y sorpresas, es el tema obligado del último Catalejo con él en el mando, y está programada para el viernes, dos días antes del esperado fin de su desgobierno.