Se inicia un nuevo año y se acercan acontecimientos de relevancia política, jurídica y social. En 2022, algo muy trascendente será, sin duda, la elección del fiscal general. Dos lecciones recientes pueden servir para reflexionar sobre la situación de partida. Una, la que hiciera en su momento el expresidente Pérez Molina. Otra, la del anterior mandatario, Jimmy Morales.

Es muy probable que el general piense que se equivocó en su elección, especialmente cuando lo hace desde prisión. Thelma Aldana fue designada por el entonces mandatario con el convencimiento, seguramente, de que era afín a “su proyecto” o que no emprendería persecución penal contra su elector; evidentemente erró. Con el apoyo de Cicig —y de la embajada norteamericana, que siempre fue la tercera pata del banco—, la cúpula presidencial fue procesada y encarcelada. La designación de Aldana, además, contó con el rechazo inicial de una mayoría que apoyaba a Paz y Paz —por su política de persecución de actuaciones militares durante el conflicto armado interno— y la discrepancia con el tiempo de su gestión que supuestamente se acortó. El resultado puede leerse en las conclusiones del informe El proceso de selección de la Fiscal General en Guatemala: más regulación no significa menor arbitrariedad, de Mirte Postema —Seattle International Foundation—: “…, debido a la manera en que resultó elegida [Thelma Aldana], persistirán las dudas sobre su independencia de criterio. Y eso, en sí, es dañino para un sistema de justicia y la confianza del público en él”.

Jimmy Morales, mucho más cauto —y aprendiendo de lo que pasó—, se deshizo de Cicig y nombró a Consuelo Porras. quien, al igual que su antecesora, contaba con la mayor puntuación del listado remitido por las comisiones de postulación. Lo que no se manifestó, hasta mediados de su gestión, fue el poder que USA tenía dentro del MP y cómo actuó en varias ocasiones desde la justicia para incidir en la política. Pudo ser, la razón, muy probablemente, de la decisión de Morales para instaurar un nuevo estado de cosas.

Al menos desde el comisionado Dall´Anese, quien confesó públicamente durante una conferencia en Honduras que se había puesto de acuerdo con la embajada norteamericana y el MP para extraditar a Portillo —por interés USA—, sin continuar con la persecución penal que establece la ley, se evidenció la influencia del país del norte sobre la justicia. En esta administración se ha descubierto que eso era una realidad, y el caso Alejos —y su acordada libertad para que fuera colaborador eficaz— así lo puso de manifiesto.

¿Qué hará Giammattei? El Presidente —y la comisión de postulación, también— sabe que quienquiera que aspire a ser designado como sucesor de la actual fiscal general será inmediatamente llamado a la Avenida de La Reforma —si no se han mudado— para ser preguntado sobre si “está conmigo o contra mí” para —más antes que después— enumerarle la cantidad de listados en que puede aparecer o la pérdida de privilegios que puede tener, de no “acomodarse”. Ese poder indirecto se evidenciará, también, en denuncias diversas, reclamos de organizaciones afines y otras acciones legales como las planteadas por simpatizantes en ocasiones pasadas.

¿Qué ocurrirá? Esa es justamente la pregunta del millón de este 2022. Lo que queda claro es que continuará la lucha por el poder —realmente lo que interesa— frente al intento de desconexión histórica de quienes quieren seguir manejando el país. Escucharemos pasionales declaraciones sobre la importancia de la justicia, como si eso fuese lo que realmente les importa. Mientras China y Rusia tocan la puerta.
¡Feliz Año Nuevo!, aunque creo que seguimos como siempre.