La magistrada Blanca Alfaro recibió el viernes pasado la presidencia del Tribunal Supremo Electoral, en lugar de su colega Irma Palencia, mientras continúa rampante la peor crisis de esa entidad en sus 40 años de vida. Tiene dos temas de gran importancia: decidir si el proceso electoral termina mañana o se mantiene hasta el 15 de enero, lo cual se encuentra dentro de sus posibilidades. Luego, comenzar a ocuparse de las necesarias evoluciones conceptuales o enmiendas —no una sustitución completa— de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, a fin de impedir interpretaciones interesadas y/o ilegalidades cuyo aumento ha sido paulatino y producto del sistema para organizar o anular estos vehículos de la voluntad popular en las elecciones.

Los motivos para ambas decisiones constituyen el efecto de cómo se desarrollaron en estas dos vueltas electorales. No tenían precedente porque el TSE, antes de independizarse, integraba esa tan tenebrosa horda Giammatteio-dependiente integrada por el Congreso, las cortes Suprema y de Constitucionalidad, además del Ministerio Público. Ahora se ha adherido a su trabajo el enfrentar la tarea de convertir a la Ley Electoral y de Partidos Políticos en un instrumento adecuado, con firmeza jurídica de conceptos legales pero especialmente lógica y ética, repitiendo una idea ya practicada con éxito con la Constitución del 85: no reducir la participación a abogados especialistas, sino también a ciudadanos de todos los grupos sociales. Eso le da más fuerza.

A causa de las razones ya conocidas, está en riesgo la entrega del poder el 14 de enero a la dupla ganadora, ya declarada oficialmente. Según los críticos, la lucha es válida porque el partido es ilegal, pero entonces se abre la duda de qué pasó en su participación sin problemas en dos elecciones. Negarlo es preocupante o risible. El TSE puede ampliar el plazo y eso llevaría tranquilidad a la mayoría de la población, temerosa de la ruptura de 40 años de normalidad y aceptación electorales, incluyendo las dos ocasiones del voto contra de una figura reincidente. Tampoco se puede negar la petición, aunque no sea orden, de toda clase de instituciones nacionales e internacionales para respetar el resultado electoral, lo cual por supuesto no excluye la realidad de haber engendrado a los últimos desgobiernos.

Los cambios a en la Lepp necesitan bases distintas, transitorias y sobre todo hacerse realidad luego de una etapa de largas y serenas discusiones y para escogerlos y ampliar, reducir o eliminar artículos. Pero, con mayúsculas, NO se deben realizar ahora, sino hasta el inicio del cuatrienio 2024-28. Las emociones y agitación están despiertas y sus pésimos consejos oscurecen la razón. Se deben decidir las cualidades y experiencias de quienes trabajen en los cambios. Obviamente, no pueden ser diputados actuales ni los llegados al Congreso el 14 de enero. Respecto a los partidos: condiciones para fundarlos, número de afiliados, organización, control de la participación de familiares en la integración, porcentaje de votos o curules para mantenerse.

En cuanto al derecho a elegir y ser electo, creo necesario limitar el número de veces para ser candidato, si puede serlo al tener antecedentes penales abiertos, si se necesita un mínimo de tiempo de práctica política, si se debe mantener la posibilidad de ser en la práctica grupos de amigos, creados por gente autonombrada salvador de la patria con agendas propias, ajenas al beneficio nacional. No viola ningún derecho; es simple norma, como la de impedir la candidatura presidencial de menores de 40 años. Queda claro el peligro de hacerlo por una comisión de este congreso, pues el resultado empeoraría la Lepp. Al ser atípica la situación, necesita soluciones igualmente atípicas, sin precedentes. Se necesitan valor personal y comprensión del inevitable derrumbe del país.