Ante la iniciada guerra Porras-Arévalo, es necesario, urgente y conveniente analizar criterios expresados con anterioridad por connotados juristas con experiencia y sobre todo análisis jurídico-político-lógicos. He tenido mensajes electrónicos de Mario Fuentes Destarac (MFD) y de Carlos Rivers Sandoval (CRS), ambos con su preparación académica complementada con una sólida formación política por herencia y por experiencia. Presento un muy breve resumen de sus opiniones sobre el proceso electoral, el presente y el futuro del nuevo gobierno.

Según MFD, este proceso endureció actitudes, intolerancia, desinformación, judicialización política y persecución brutal a opositores y disidentes. Ahora debe haber serenidad, apertura, diálogo, conciliación de intereses, restablecer la confianza y sana negociación política entre sectores sociales y grupos de presión, para lograr acuerdos de gobernabilidad y reformas políticas e institucionales. Son prioritarias la inmediata lucha contra la corrupción y la impunidad. Los ciudadanos quieren saber del justo castigo a los corruptos y conocer de rendición de cuentas. Esta debe hacerse desde 1998, una responsabilidad legal vigente por 20 años.

La justicia no ha juzgado a la corrupción ni a la delincuencia organizada. Los puestos relacionados con la carrera judicial, el organismo judicial y el TSE, debe ser seleccionados por oposición, según una nueva ley. Las regulaciones del TSE son definitivas, inatacables y coercibles, no administrativas, sino definitivas, inatacables y obligatorias. No se ha condenado a quienes irrespetan la libertad de expresión, criminalizada hoy en día.

Para Carlos Rivers, el gobierno actual llegó por el apoyo en la segunda vuelta derivado del asco y rechazo populares ante la decadencia del sistema político de paulatina degeneración, la captura del Estado, todo traducido en corrupción, generalizada, afectación del sistema republicano y del estado de Derecho. Pero es débil y será inestable, como todos los anteriores. La solución de esta característica permanente del sistema político necesita coordinar los factores nacionales para obtener un pacto político entre los líderes de los partidos y un gobierno de participación, gracias a instalar una instancia nacional de consenso entre líderes nacionales para planificar, ejecutar y controlar al gobierno y permitan participación ciudadana las decisiones del alto nivel.

El gobierno fue electo para devolver la confianza ciudadana y está obligado a luchar contra la corrupción —y esta es la fuente de su legitimidad— tomando en cuenta los factores nacionales de poder y cogobernar con ellos. También se necesita reformar la ley electoral y de partidos políticos, para evitar la disrupción (ruptura brusca) y eliminar el fantasma del fraude electrónico. Se debe admitir la inestabilidad política a causa de la avaricia de los políticos. La crisis no es irreversible, pero no se puede enfrentar con políticos poco experimentados, y sólo se puede arreglar si mejora la clase política y participa la ciudadanía.

La nueva doctrina de seguridad es necesaria para la sobrevivencia de la nación, tomando muy en cuenta los factores internos y externos. No se debe desaprovechar esta oportunidad, porque se puede predecir una avalancha de inversiones, y esto necesita revisar los incentivos económicos para éstas, tanto locales como foráneas, cristalizada en una nueva ley para facilitar la competitividad y facilitar el empleo.