Conforme pasan los días posteriores a la apresurada y cuasi secreta aprobación de la ley de reformas a las Organizaciones No Gubernamentales, van saltando a la vista hechos cuya una interpretación es constituir un ejemplo de la misma incapacidad de siempre, o mala fe, sin importar las consecuencias negativas de esa generalización imperfecta al considerar a estas instituciones como intrínsecamente malas. Es absurdo colocar en el mismo saco a entidades benéficas cuya tarea beneficia a personas de escasos recursos o necesitadas de ayuda médica, financiadas desde el extranjero, junto a aquellas cuyo objetivo, o consecuencias inesperadas y no tomadas en cuenta, es la agitación ideológica y la ruptura –en el menor de los casos— de las leyes nacionales.

Vale la pena recalcar intenciones escondidas y maléficas como la de hace varios años, cuando en tiempos de Ríos Montt se intentó convertir a la crítica a los funcionarios públicos en “desacato a la autoridad”, es decir falta de respeto a los superiores, así como calumnia, injuria o difamación contra autoridades en el ejercicio de sus funciones. La Ley de Emisión del Pensamiento señala con claridad estos delitos cuando se expresan en referencia a la acción de los funcionarios públicos. La razón: cualquier reportaje, noticia, editorial o columna en la cual se señale de corrupción a un funcionario justificaría la censura y hasta la prisión del autor, gracias a la distorsión del principio jurídico según el cual nadie es culpable hasta ser declarado como tal en un juicio.

Ya se ha repetido suficientemente la necesidad de poner en orden a los oenegeros quebrantadores de la ley. Pero el ordenamiento legal tiene los mecanismos para lavado de dinero, robo de propiedad privada, y también la responsabilidad legal de las instituciones jurídicamente existentes. Se debe aplicar la ley, pues. Crear un nuevo instrumento legal es innecesario y sobre todo sospechoso. El presidente Giammattei necesita darse cuenta de lo más sospechoso de todo: el contubernio de algunos de los peores grupos politiqueros calificados de partidos, destacados integrantes del pacto de corruptos y ahora pegados a la agrupación Vamos, cuyas acciones en poco menos de cinco semanas ya la hacen parecerse peligrosamente al nefasto FCN Nación.

El presidente Alejandro Giammattei necesita leer personalmente las columnas, editoriales y noticias, para interpretarlas según su criterio y no el de sus allegados. Desde el día de la acción oscura del congreso anti ONG pero en realidad antilibertades de prensa, de expresión del pensamiento, de asociación, etcétera, han sido docenas las recomendaciones y señalamientos acerca de lo negativo para el país de esta acción burda, dirigida en la línea de eliminar verdades incómodas, ajenas a la casi siempre absurda verdad oficial. Aunque él persista en su posición contra estas tareas protegidas constitucionalmente, debe recordar el viejo dicho español: “Del enemigo el consejo” (o del adversario). Quien critica por algo malo pensado o realizado, aconseja cómo actuar para eliminarlo.

Por aparte, se debe señalar con severidad cómo resulta ser realmente el actual Congreso: más de lo mismo, con algunas caras viejas y otras caras nuevas, esta últimas inexpertas y las primeras con evidente mala fe, incapaces de ver más allá, sino solo los intereses coyunturales, y por ello efímeros, de la politiquería nacional. El presidente guatemalteco no tiene dónde perderse: borrar ese absurdo jurídico y, si en realidad desea poner orden sin aviesas intenciones ocultas, solicitar o tomar en cuenta las sugerencias publicadas en la prensa, como noticias o comentarios. Por intentar la aprobación de ideas propias, sin meditación ni asesoría, su imagen local e internacional disminuirá hasta convertirse en la de alguien sin una intención real de crear cambios.