Ayer, al cierre de esta columna no se conocía, por ser una curiosidad numérica anecdótica, cuántos votos le otorgó el “tribunal electoral” nicaragüense a la mancuerna dictatorial de Daniel Ortega y Rosario Murillo, admirados por Giammattei, en el simulacro de Nicaragua. Y lo es, porque el término significa “idea formada de la fantasía, ficción, imitación, falsificación”. La burla comenzó cuando los posibles candidatos con posibilidades comenzaron a ser perseguidos, encarcelados y acusados de traición a la patria gracias a una ley espuria y engañosa de agosto del 2020, que tiene a Cristiana Chamorro en arresto domiciliario y a Sergio Ramírez Mercado, exvicepresidente en el primer mandato sandinista, en el exilio. Los otros contendientes, a sabiendas o no, representaron al ”zancudismo”, por chupar la sangre del pueblo gracias a los Ortega-Murillo.

El afianzamiento descarado de la dictadura de Ortega, que inició con el contubernio en 2002 con el entonces presidente Arnoldo Alemán, sí es traición a la patria. Este será el cuarto período de los Ortega-Murillo, quienes confían en mantener el apoyo, ya sea directo, por abstención de condena o por “no injerencia en asuntos internos” de Guatemala, Cuba, Venezuela, y ahora Bolivia, Perú y Argentina, gobernados por abiertos u ocultos partidarios de ese engendro social, político y económico llamado “socialismo del siglo XXI”. Dichos países se apresurarán, sin duda, a reconocer los resultados y tal vez alabar la forma como fue colocada la lápida en la tumba donde descansan para siempre las ilusiones que emergieron con el fin del somocismo.

Estados Unidos ya hizo realidad la llamada Ley Renacer, por la cual Nicaragua sería excluida de los beneficios del Cafta (Tratado de Libre Comercio entre C. A. y EE. UU.), que afectará en especial a los sectores socioeconómicos pobres. Es una confrontación orteguista burda y directa contra la comunidad internacional, como la OEA y la ONU. El fracaso de estas instancias en denunciar esta farsa electoral o en todo caso su silencio e inacción las colocará en una posición indefendible en cuanto a cumplir su obligación, voluntariamente aceptada, de defender la democracia o al menos de influir para no otorgar a estas acciones orteguistas cínicas e ilegales una carta de presentación para perpetuarse en el poder a base de sangre emanada de la corrupción y el ansia enfermiza de poder.

El simulacro se hizo sin prensa ni observadores internacionales, aunque la ausencia de estos es irrelevante, por los candidatos y otros opositores encarcelados, amenazados o autoexiliados. Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Barrios, quien derrotó a Ortega en las elecciones que pusieron fin a su primer período de gobierno, fue una de las muchas opciones neutralizadas. Lo ocurrido afecta a todos los sectores centroamericanos y por ello sus representantes —en sus diferentes campos— no tienen alternativa: deben pronunciarse en contra de esta farsa electoral, que golpeará la economía y llevará a la desunión del Istmo, donde ya hay muestras de dictaduras incipientes en Guatemala, Honduras y El Salvador.

Es perentorio conocer el futuro inmediato. La democracia política se tambalea más que nunca en el Istmo, y la económica le seguirá poco después. El caleidoscopio de los problemas de la región es cada vez más complicado y la dificultad de resolverlos aumenta con movimientos acaso insignificantes para algunos, sobre todo de aquellos que solo ven sus intereses, desconectados de la realidad del resto de la población. Al consolidarse a rajatabla esta burla al concepto de elección y de democracia, los próximos comicios de Guatemala, con una veintena o más de “partidos”, serán una farsa similar. El silencio de cualquier grupo socio-económico-político guatemalteco los convertirá en vergonzantes cómplices por omisión.