El Congreso integra hoy el cuarteto de desprestigio junto con el Tribunal Supremo Electoral, la Corte de Constitucionalidad, la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público, y está lleno de vericuetos legales cuyo desconocimiento entre los ciudadanos debe terminar. Esta complicación permite entender hasta dónde llegan las canonjías y los privilegios para quienes logran colarse como autoridades mayores o menores de ese poder del Estado. Sus comisiones de trabajo constituyen un premio politiquero para parlamentarios a quienes se les desea mantener tranquilos, a pesar de lo cual conocer cuáles partidos encabezan las principales, permite deducir con claridad cómo se están moviendo las casi siempre oscuras y sucias aguas, llenas de remolinos subacuáticos.

Suman 34 las comisiones. De éstas las importantes, son pocas y por eso todo partido oficial pelea —con éxito, como es el caso actual— de lograr el manejo de cuatro, entre ellas, dos vitales: Finanzas y Gobernación, eso sí, con dos diputados neófitos. Esta novedad encaja en Transporte y Probidad, Podemos; con dos participaciones, Energía y Minas, FCN Nación, y Defensa Nacional, Todos, propiedad de Alejos y dirigida por un exconvicto en Estados Unidos por narcotráfico. En resumen, hay 24 neófitos; cinco han participado dos veces; cuatro, tres veces y uno, cuatro veces. La UNE controla 12 comisiones; Vamos, cuatro; UCN, FCN Nación, Valor, y Todos, dos cada uno; Liberación Pueblos, Podemos, Prosperidad, Unionista, URNG, Valores y Winak, una cada uno.

La Comisión de Finanzas del Congreso, su nombre oficial, provoca confusión. No es el del parlamento, sino de todo el país. Maneja miles de millones y decide cómo se gasta, lo cual deja abierta la puerta a chantajes, presiones contra sectores de cualquier índole. Para ajuste, no tiene “candados”, es decir, puede trasladar fondos. Esa decisión fue tomada en el gobierno anterior, cuando esos valladares legales sí existían. La UNE apostó a la victoria y logró esa eliminación, pero al fracasar, el nuevo gobierno puede hacerlo. Tiro por la culata… además, por ley todas las instituciones, ministerios, secretarías, etc., deben informarle cada mes de sus ejecuciones presupuestarias. Resultado: multitud de personal, así como dificultad o imposibilidad de cumplir.

Por aparte, la ley también obliga a integrar las comisiones de finanzas y de Derechos Humanos por un representante de cada partido en el Congreso. Sigue la alegre e irresponsable gastadera: Cada diputado tiene un ingreso extra de cuatro mil quetzales, es decir 136 mil mensuales. Pero tiene también derecho a un asesor, cuyos emolumentos alcanzan 30 mil mensuales, aunque el costo exacto no se puede señalar fácilmente porque algunas comisiones tienen mayor número, pero representa un mínimo de un millón de quetzales mensuales, y por supuesto, con viáticos. Esto explican por qué los diputados se pelean por tener esos ingresos extras a su nada despreciable sueldo. Aunque es válido a veces contratar asesores por la complejidad de los temas, estas sumas dan grima.

El intercambio dinerario entre el oficialismo y la oposición (al pueblo…) se explica los súbitos cambios en los discursos. Los demonios políticos se vuelven ángeles. Estos trucos han existido siempre, pero ahora la diferencia es marcada por la comunicación instantánea y en todos lados, incluyendo videos. Ya nada se puede esconder: más de alguien tiene un celular a mano, en una especie de multireporterismo las 24 horas del día. Por eso, la tácita confabulación entre políticos de cualquier signo resulta ser inútil: todo se sabrá, inmediatamente, pronto o después. Solo se puede vencer al populismo, cuyo éxito se origina en la desesperación, al actuar con corrección legal, sin retorcerla. El espíritu de la ley comienza a imponerse sobre su aplicación legalista, para beneficio de un estado de Derecho basado firmemente en la filosofía de éste.