Ignoro si el juez Mynor Moto es persona apta para ser magistrado de la Corte de Constitucionalidad (CC). Cuento solamente con información publicada en los medios y comentarios en redes sociales que llegan a mi atención. Se realizó un proceso del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang) para la elección de magistrado titular ante la CC y en segunda vuelta el juez Moto fue el ganador, con 52% de los votos emitidos, venciendo a su contrincante, Estuardo Gálvez. Este es precisamente el procedimiento que establece la Constitución. Solo 20.8% de los colegiados activos del Cang votaron en este proceso para elegir a un magistrado que duraría menos de tres meses en el cargo, ya que el período de esta CC culmina el próximo 13 de abril. El 26 de enero, con el voto de 86 diputados, el juez Moto fue juramentado en el Congreso, en un procedimiento relámpago, si se compara con el atraso de más de un año de la elección de 26 magistrados de la CSJ y 270 de salas de Apelaciones. La elección de Moto y su intento por asumir la magistratura perturbaron un panal de avispas furiosas; se desató una oleada de recursos legales y campañas mediáticas.

La elección del juez Moto como magistrado de la CC es el colmo de la cooptación de la justicia en Guatemala o el arribo de un magistrado que le daría balance a la Corte, versión que depende de ser chairo, activista de la industria de la protesta, oligarca, parte de la derecha recalcitrante o miembro del pacto de corruptos. Este último, el pacto de corruptos, no es singular, es plural, son varios los pactos y numerosos los corruptos. No puedo defender al juez Moto, no lo conozco y carezco de suficientes elementos de juicio. Pero es el resultado de los procedimientos que exige la ley; llenó los requisitos, saltó las trampas, se desprendió del pelotón y fue electo. Resulta que a muchas personas y organizaciones no les ha parecido el resultado, debería haber quedado otro.

No es casualidad que han saltado los mismos opinadores y operadores políticos profesionales de siempre, autonombrados sociedad civil, cuya prosperidad y relevancia requiere de un permanente estado de crisis y emergencia y la creación de la percepción de nosotros los buenos contra ellos los malos. Sus propios ungidos son los buenos, sus contrincantes ideológicos y políticos, los malos. Moto acumula por lo menos 10 recursos legales que impugnan su designación y la ley establece que no puede ser juramentado mientras haya recursos pendientes de resolver. La aplicación de la ley quizás sea cara y escasa en Guatemala; los recursos legales son baratos.

A solicitud de la Fiscalía Contra la Impunidad (Feci), el lunes 1 de febrero, el Juzgado de Mayor Riesgo D emitió orden de captura contra Moto, “por el delito de conspiración para la obstrucción de justicia”. Lo interesante es cómo Moto llegó a la presente circunstancia. Cabe recordar que fue electo presidente de la Asociación de Jueces y Magistrados con 76% de los votos de los jueces, hace apenas dos años. En enero fue electo por el Cang para una magistratura titular a la CC y el 1 de febrero tiene orden de captura. Dice mucho del sistema.

Mientras tiene lugar el drama del juez Moto, estamos a las puertas de la elección de 10 magistrados de la CC para los próximos cinco años. Los tres organismos del Estado, la Usac y el Cang, elegirán cada uno a un titular y un suplente. La esperanza es que la próxima CC que se avecina sea “mejor” que la actual. Se elegirá por las mismas organizaciones, con el mismo sistema que se ha venido empleando; ¿puede esperarse un resultado diferente?