A l Capone fue un gánster que la justicia norteamericana llevó a prisión por evasión de impuestos, al no poder demostrársele otros crímenes más graves cometidos durante la década de los veinte. Un delito menor, probado y aceptado, puso punto final a una ardua persecución policial y cerró un caso notorio. Salvando la distancia y el tiempo, pero tomando el referente estratégico, vemos cómo pasan cosas “similares” a aquello de principios del pasado siglo.

Un ejemplo de lo relatado lo protagonizó el juez Baltazar Garzón y le puso final el Tribunal Supremo de España, que lo inhabilitó por realizar escuchas que “solo se encuentran en los regímenes totalitarios”, para conseguir “la información que interesa al Estado”. Naturalmente él lo justificó en nombre de la justicia que aplicaba y de su fama de persecutor de grupos de narcotraficantes y terroristas, pero cruzó la legalidad y erró. Por su parte, EE. UU. mantiene activo un Guantánamo con reclusos no juzgados y viola la ley en nombre de la misma ley que pretende defender, lo que es injustificable.

Aquí hay, sin duda, una colérica persecución a personas que en su momento hicieron un buen trabajo, al igual que antaño la hubo a quienes no resolvían conforme determinaba el poder de entonces. Y es que estamos atrapados entre los extremos de una nefasta inercia pendular que da pie a la venganza, al odio y a la injusticia consentida.

El fiscal Sandoval mantuvo un registro paralelo —quizá dos— al del MP para que no hubiese filtraciones de “sus investigaciones”, lo que produjo indefensión y sorpresa de muchos. La jueza Aifán permitió encadenar casos para que cada nuevo eslabón estuviese controlado por personas afines, en vez de seguir los procedimientos regulados para los de mayor riesgo. El juez Gálvez “inventó” y aplicó la prisión provisional, que aunque figura en la Constitución, la ley desarrolla como prisión preventiva una vez se ha escuchado al encartado, y no antes. Jose Rubén Zamora fue “sorprendido” entregándole una suma importante de dinero a un delincuente para que se la bancarizara. Y la exfiscal Laparra tomó atribuciones que no le correspondían al incumplir la ley que determina cómo hacer las denuncias contra jueces.

Independientemente de la encomiable labor que esas —y otras— personas pudieran haber realizado en el ejercicio de sus funciones cuando ocupaban determinados cargos, y de que es evidente que hay una constante agresión de mercenarios de las denuncias aliados con parte del poder político, hay cosas mal hechas en su proceder y justamente el “fenómeno Al Capone” encontró nuevamente espacio un siglo después.

El derecho penal del enemigo es normalmente utilizado en diferentes versiones, y los ejemplos citados ilustran parte de ello. No se puede aplaudir el actuar de quienes vulneran la ley por el referente de lo que hicieron o la fama mediática que se les ha atribuido. No es aceptable violar el estado de Derecho en nombre de la justicia, tal y como se ha demostrado especialmente en países que luchan contra el terrorismo. Hay que ser escrupuloso con las formas, los detalles, las acciones y el cumplimiento de la norma.

Sin embargo, la opinión publicada ha convencido a muchos de quiénes son los “buenos y los malos”, y sin analizar sus resoluciones o escudriñar sus actos, juzgamos en función del nombre o el direccionamiento informativo que aconseja el momento. Esa actitud no deja de ser una manipulación consentida, además de una sustancial falta de criterio en materia de principios y valores que siempre deben estar por encima de las personas, especialmente de quienes ocupan cargos públicos o ejercen autoridad.