Hace pocos meses recibí información de un proyecto inmobiliario llamado Torre Manatí, a mi juicio irrealizable e inconveniente. La semana antepasada se conoció una noticia que preocupa: Estados Unidos acusa a su desarrollador de narcotráfico y lavado de dinero en ese país. Tiene derecho a ser considerado no culpable, pero independientemente de eso lo veo como proyecto fantasioso, exageradamente optimista, solo aprobado por la comuna de Puerto Barrios y según informaciones de prensa, sin autorización del Ministerio de Ambiente. Tiene 140 metros de altura y 37 niveles, sin comparación con la arquitectura capitalina y en un lugar injustificable.

La altura es el doble de la Torre del Reformador. No hay vías de comunicación terrestre adecuadas y en la zona tampoco hay personal suficiente para los servicios. La distancia por tierra desde la capital es, ahora, de unas nueve horas, y por vía aérea, un poco más de 60 minutos. La zona carece de infraestructura turística complementaria a la obra y por ello su ocupación dependerá de la venta de propiedades o la visita de extranjeros interesados en observar la belleza natural, afectada por la obra, pues más parece un Kuwait tropical en miniatura. Todo ello reduce el número de personas interesadas y la ocupación. De hacerse, sin duda será un elefante blanco.

El turismo de Guatemala tiene más posibilidades de éxito si las construcciones no tienen más de cinco o seis pisos, precisamente porque el turista que llega está interesado en admirar la belleza natural. Por todo ello llama la atención cuáles fueron los criterios para el estudio de mercado y para la venta. Hasta ahora no ha comenzado nada, pero ya se hicieron algunas ventas. El fracaso de una obra como esa afectará el turismo de toda la zona atlántica guatemalteca, y por ello el Inguat tiene la obligación de pronunciarse. La lógica indica los enormes riesgos, incluso de no ser terminada la obra y quedar como una mancha del bello paisaje de Izabal.

Fundesa: valioso informe

Fundesa es una de las instituciones más serias relacionadas con la realidad del desarrollo del país. Su reciente informe lo comprueba, al proporcionar datos innegables e imposibles de rechazar con el retroceso como un factor muy notorio. En el índice de desarrollo sostenible tiene un resultado de 47.71 sobre 100, solo mayor al de Venezuela y Nicaragua, al retroceder en el primer año de Giammattei. Pero la tendencia negativa se remonta al 2014, cuando logró 52.20; en otras palabras, una reducción constante de 0.85 anual en promedio. El reporte destaca como factores que contribuyen a la debilidad institucional la corrupción, falta de confianza en el gobierno y de poca participación ciudadana.

Es satisfactorio ver cómo este informe señala a la corrupción y la coloca como un factor de efectos socioeconómicos. Va en la línea de considerar, a mi criterio, la necesidad de no actuar solo en el campo económico sino como parte de un todo, en el cual destaca la percepción de corrupción entre la ciudadanía y los sectores económicos, sociales y académicos. Fundesa analizó gobernabilidad, desarrollo humano, desempeño ambiental, paz global, derechos de propiedad, libertad económica y fragilidad del Estado. En más de la mitad de esos indicadores la calificación del 2020 fue peor a la del año anterior. Esto es triste y lamentable, pero no sorprendente.

Fundesa señala al fortalecimiento de las instituciones como el área con más retroceso: del 2006 al 2012 subió de 44 a 45 y ahí comenzó un descenso imparable hasta llegar al 37.2 actual. Tampoco asombra, pero se le debe dar la importancia debida por ser una muestra de la ruta a un estado fallido. Esa desconfianza aumenta por la corrupción, real y percibida, dentro y fuera del país. Nace la esperanza de encaminarse a la recuperación económica, con sus obvios efectos sociales, una labor que con las medidas correctas tomará 20 años.