Estados Unidos
Al grano
El IUSI: comencemos por la base y luego por la tasa
Una de las muestras menos equívocas de la capacidad económica de una persona se refleja en sus propiedades inmobiliarias. Hay que enfocarse en eso para lograr la justicia tributaria.
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En el debate legislativo actual sobre la reducción del impuesto único sobre inmuebles (IUSI) y la creación de nuevas exenciones, conviene hacer una pausa técnica. Antes de modificar las tasas, es conveniente abordar por qué este tributo ha dejado de funcionar como debería y por qué una reforma superficial podría ser contraproducente tanto para las finanzas públicas como para la prosperidad social.
La falta de realismo del valor formal de los activos inmobiliarios tiene muchos efectos distorsionadores, tanto a nivel tributario como también de los mercados.
Es una verdad de Perogrullo que todo gobierno, especialmente los locales, necesitan ingresos estables para proveer servicios. El impuesto territorial se presenta de cara a ese propósito, como una herramienta eficiente: la propiedad de bienes raíces denota una cierta capacidad económica que, en general, se considera justificativa de una carga impositiva proporcional.
Sin embargo, en Guatemala hemos permitido que, durante cuatro décadas, crezca una «bola de nieve» que tiene que detenerse antes de que distorsione todavía más los mercados inmobiliarios. El problema no ha sido una combinación de un tipo impositivo inconexo con la base imponible, porque una porción excesiva de los activos inmobiliarios no están registrados ni se negocia a sus valores de mercado.
Una mezcla entre la falta de voluntad política y la incapacidad para desarrollar catastros confiables ha institucionalizado diversas modalidades de injusticia. Así, por ejemplo, en nuestras ciudades es habitual encontrar inmuebles vecinos con características comparables donde uno tributa una suma justa y el otro una cantidad insignificante. Esta disparidad ocurre porque mientras un propietario declara un valor próximo al de mercado, el otro se ampara en registros obsoletos que, a veces, da la impresión de que se dejan así a propósito. Esta asimetría no solo debilita la recaudación (con ramificaciones por el lado del ISR y el IVA), sino que castiga al ciudadano que cumple —voluntariamente o a la fuerza— y premia al que se aprovecha de una fiscalización estatal y municipal tan ineficaz como inexplicable.
Para el sector inmobiliario —uno de los grandes motores de nuestra economía—, esta distorsión es crítica. El mercado requiere de un terreno de juego nivelado y reglas iguales para todos. Un IUSI mal gestionado se convierte en un factor de competencia desleal: quienes optan por una planeación tributaria agresiva logran ventajas competitivas frente a los desarrolladores formales que cumplen razonablemente con la ley. El marco tributario debería ser un árbitro ecuánime, no un generador de oportunidades para los más astutos.
Hoy en día, la tecnología ofrece soluciones que antes eran impensables. El acopio de datos para realizar una revaloración masiva y técnica de los inmuebles es perfectamente viable si existe el compromiso institucional. El orden lógico de cualquier reforma debería ser este: primero, lograr que la inmensa mayoría de los inmuebles estén valorados a niveles de mercado para equilibrar el tablero; y segundo, una vez saneada la base, analizar cuál es el tipo impositivo más eficiente. Una tasa moderada sobre un valor real es mucho más productiva y menos desalentadora para la economía formal que una tasa alta sobre valores ficticios y muchas veces obsoletos.
Ciertamente, abordar este tema es meterse en «camisa de once varas». Los intereses particulares en juego son innumerables y provienen de todos los estratos: desde el lobby sutil de los grandes desarrolladores hasta la resistencia de propietarios individuales que temen perder el beneficio de una subvaloración histórica. Pero evitar el conflicto solo pospone la ruina de un tributo que es económicamente razonable. Es hora de dejar de proponer parches a la tasa y empezar a trabajar en la integridad del sistema. Solo la verdad del valor garantiza la justicia del impuesto.
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