La declaración del enviado estadounidense Ricardo Zúñiga, quien fuera asesor de Barack Obama para América Latina y cercano al presidente Biden, demostró sus dotes diplomáticas al referirse a los temas de enfrentar las causas estructurales como la lucha contra la defraudación aduanera, contrabando y evasión fiscal. Su conocimiento especial de Guatemala le permite darse cuenta de la reacción, aquí, acerca del apoyo a una tan poco conocida Comisión Presidencial contra la Corrupción. Insistió en los peligros de la migración ilegal y el cierre de la frontera, y en su reunión privada sin duda fue firme en los temas de migración, desarrollo económico y seguridad, en referencia a Estados Unidos, así como la importancia de los tres países por la crisis en estos temas.

Un factor importantísimo es el tiempo. Las causas subyacentes de la migración irregular no se solucionan con rapidez, al depender de procesos largos. Un fruto no se cosecha al día siguiente. Los retos y las oportunidades existen, pero serán imposibles de aprovechar si al mismo tiempo no se combaten y se eliminan los motivos. Algunas decisiones pueden ayudar, como crear formas legales para la emigración y proteger a quienes lo necesitan. El deseo de hacer innecesaria la salida forzada de personas y familias no se materializará pronto, porque es débil –si no casi inexistente— el estado de Derecho, y para crear condiciones de empleo hacen falta fuertes inversiones, educación y salud. Pero es un paso adelante hablar con claridad de esto.

El Triángulo Norte equivale al 0.03% del territorio de Estados Unidos. El tema de seguridad es incluido a causa de la pasmosa porosidad de la frontera guatemalteco-mexicana, por donde podrían penetrar terroristas vía Cuba-Guatemala. Es importante también el narcotráfico, pulpo cuyos tentáculos abarcan cada vez más autoridades e instituciones estatales y privadas. Debe haber una alianza entre los sectores nacionales con todos los de la sociedad civil; eso sí, especificada para evitar la proliferación de entidades fantasma sin representación. Y se deben seguir o investigar los resultados de planes como el de hace algunos años en el occidente del país, con una donación de US$500 millones por AID para beneficiar a emprendedores, sobre todo indígenas.

Se debe hablar claro de instrumentos legales estadounidenses para desalentar la corrupción. Se ha conocido en Guatemala de leyes como la de Transparencia Corporativa, por la cual se pueden investigar delitos relacionados con corrupción en el Istmo, empresas de cartón para esconder a los beneficiarios de lavar dinero o de acciones venales. La Ley de Compromiso Mejorada, enfocada en violaciones a derechos humanos y corrupción, por la cual serán bloqueados activos a los corruptos, sus socios, familiares y empleados. Pedir sobornos a empresas norteamericanas será delito en Estados Unidos. Todo esto será parte de la anunciada Fuerza de Tarea contra la Corrupción. Instituciones como el Ministerio Público serán analizados en sus decisiones.

El esfuerzo es serio y esta vez, a mi juicio, se avanzará del lenguaje técnico al del significado, conocido por los ciudadanos guatemaltecos, para quienes uno de los factores más deplorables es la certeza de la impunidad y de los abusos. Diversas voces estadounidenses se han referido con claridad a los cambios necesarios para los dos países. El escenario internacional está cambiando rápidamente, al haberse tirado por la borda el criterio de “son corruptos, pero son nuestros corruptos”, y por eso se puede vislumbrar un nuevo horizonte. Difícil y lejano. Para reducir el tiempo es indispensable limpiar la mesa de indeseables. Los cambios se necesitan en todo: integración del Congreso y cortes de Justicia, porque ahora responden a la cooptación de fuerzas oscuras.