Estados Unidos
Al grano
El nudo del desarrollo: del bloqueo al parlamentarismo
El modelo político guatemalteco ha derivado en “el arte de bloquear”. El pueblo paga la factura.
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La historia política reciente de Guatemala parece atrapada en un ciclo de parálisis gubernamental y de proyectos estatales que quedan inconclusos. La población tiene que organizar su vida contando con unas infraestructuras y sistemas estatales, con contadas excepciones, de finales de los años noventa. Mientras los países vecinos inauguran nuevos estadios y aeropuertos, los órganos del Estado guatemalteco ni siquiera consiguen remodelar los que se construyeron hace más de medio siglo.
Un sistema parlamentario podría generar gobiernos capaces de ejecutar, aportando el componente estatal del desarrollo.
Desde la llamada “crisis de Serrano”, en 1993, quitando el breve período de la conocida “aplanadora” amarilla del PAN, el país ha navegado por un sistema presidencialista que, en la práctica, se ha convertido en una receta para el inmovilismo. Con demasiada frecuencia, el Ejecutivo se encuentra huérfano de una mayoría en el Congreso de la República, sin puentes ni mecanismos institucionales para construir coaliciones estables. El resultado es predecible: un bloqueo sistemático de cualquier iniciativa gubernamental, empezando por el instrumento más crítico para la Nación, que es el Presupuesto General de Ingresos y Gastos del Estado.
Paradójicamente, mientras el debate político se estanca en los pasillos legislativos, las necesidades de un país en vías de desarrollo como el nuestro no admiten espera. Guatemala requiere con urgencia lo opuesto a la inacción. Necesita infraestructura que conecte mercados, sistemas de salud pública dignos, escuelas que lleguen al último rincón del territorio y estrategias de seguridad que permitan a los ciudadanos prosperar. Estos elementos no son lujos, sino la plataforma mínima necesaria para el desarrollo económico y la paz social. Sin embargo, bajo el diseño actual, el Ejecutivo propone y el Legislativo dispone, muchas veces motivado por el oportunismo, el bloqueo táctico o, en el peor de los casos, por intereses ilegítimos que nada tienen que ver con el bien común.
La solución a este nudo gordiano podría residir en una reforma estructural profunda: la transición hacia un sistema de gobierno parlamentario. En este modelo, el Gobierno nace precisamente de la confianza de una mayoría o de una coalición en el parlamento. No hay divorcio entre quien ejecuta y quien legisla, pues el Ejecutivo se sostiene mientras mantenga el respaldo de su mayoría. Si el espectro político está tan fragmentado que el acuerdo es imposible, el sistema ofrece una salida elegante y democrática: devolver la voz al pueblo. Al no lograrse una coalición, se convocan nuevas elecciones para que el ciudadano decida un nuevo arreglo parlamentario que permita gobernar.
Implementar un modelo de este tipo, inspirado quizá en el sistema francés o en democracias consolidadas donde el jefe de Estado actúa como árbitro y el Gobierno como gestor con respaldo parlamentario, transformaría la dinámica del poder en Guatemala. Las coaliciones serían estables por necesidad y se mantendrían mientras entreguen resultados satisfactorios a la ciudadanía. Si la confianza se rompe y no se reconstituye, el Presidente tendría la facultad de disolver el parlamento y convocar a las urnas. De este modo, evitaríamos el chantaje legislativo y las actitudes obstructivas que hoy frenan nuestro potencial. Es momento de entender que el desarrollo no es solo una cuestión de voluntad política, sino de un diseño institucional que permita que esa voluntad se traduzca en realidad.
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